Álvaro Garcé: caso de torturas en penal de Libertad responde a prácticas policiales "enquistadas" y ajenas a la norma actual

27.09.2013 | 11.17

El comisionado para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, denunció ante el Parlamento que 29 reclusos fueron torturados en el Penal de Libertad por personal policial encapuchado que los obligó a permanecer de rodillas por cuatro horas mientras los golpeaba. Según explicó, el hecho ocurrió el pasado 31 de agosto cuando los presos fueron trasladados a ese centro desde el Comcar. Consultado por En Perspectiva, Garcé consideró que el episodio "estuvo absolutamente fuera de la cadena de mando" y que responde a una serie de "malas prácticas enquistadas en algunos sectores del personal que tal vez no comprenda que ha habido un cambio, que hoy la tendencia es a aplicar la fuerza dentro de la ley". Por esto mismo, consideró necesario investigar al personal del sector en cuestión. Se refirió también a la presencia cada vez mayor de operadores penitenciarios civiles como educadores, psicólogos y procuradores, que implica el comienzo de "un cambio muy fuerte" en el sistema carcelario.

(emitido a las 7.51 Hs.)

EMILIANO COTELO:

El comisionado para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, mantuvo ayer su habitual reunión con los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario. Allí confirmó que 29 presos fueron torturados en el penal de Libertad por personal policial encapuchado en un hecho que ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando los reclusos procedentes del Comcar ingresaron a ese centro luego de un traslado. Según el comisionado, fueron obligados a permanecer de rodillas por cuatro horas, mientras eran golpeados por policías que tenían sus rostros cubiertos.

Pero ese no fue el único tema que estuvo presente en la agenda del encuentro de ayer. Garcé también se refirió a la presencia cada vez mayor en el sistema carcelario de los operadores penitenciarios civiles. De hecho, muy pronto la Cárcel de Mujeres será la primera en tener un sector exclusivamente a cargo de funcionarios civiles.

Doctor Álvaro Garcé, ¿qué fue concretamente lo que ocurrió el 31 de agosto?

ÁLVARO GARCÉ:

Fue un caso de posible maltrato sobre un grupo de personas que eran trasladadas del Comcar a Libertad, sobre un total de 48, 29 de esas personas días después presentaban señales de un posible maltrato en términos que eran compatibles con el relato con respecto a esto de permanecer de rodillas y haber sido golpeados. Creo que esto es un episodio que está un poco desalineado con respecto a directivas que han impartido el Ministerio del Interior y el comando del Instituto de Rehabilitación, creo que este fue un episodio que estuvo absolutamente fuera de la cadena de mando. Y lo destaco porque hay una tendencia a un mejor uso de la fuerza, a una profesionalización de la gestión penitenciaria, por lo tanto entiendo que quien debe responder es ese sector del personal, que no es todo, es injusto generalizar, pero hay allí una necesidad de profundizar e investigar estos hechos para que no se repitan.

EC - Usted dice que no formaron parte de los lineamientos que las autoridades han marcado a propósito de cómo debe ser el trato con los presos, pero cada tanto aparecen estas situaciones. ¿A qué lo atribuye?

AG - Son malas prácticas enquistadas en algunos sectores del personal que tal vez no comprenda que ha habido un cambio, que hoy la tendencia es a aplicar la fuerza dentro de la ley. Y sobre todo parece claro que la pauta es que quien va más allá de lo que la ley establece asume un costo funcional y jurídico, porque si bien estos hechos tales como las despedidas o las “bienvenidas” –esto es, golpear a las personas cuando son trasladadas a la salida o a la entrada de un establecimiento– eran bastante habituales en otra época, lo cierto es que episodios de esta naturaleza no se están registrando con la habitualidad de otras épocas. Por lo tanto, al hacer este planteo lo hacemos con un ánimo constructivo, de querer contribuir a que se termine de erradicar una vieja y violenta práctica.

EC - Se lo preguntaba porque no puedo dejar de asociar este hecho y esta denuncia con las denuncias que vienen haciendo en las últimas semanas organizaciones como Plenaria Memoria y Justicia a propósito de actuaciones policiales en las que se estarían cometiendo abusos contra los indagados o contra los detenidos. Incluso se llega a hablar de golpes y hasta de torturas en algunos interrogatorios en dependencias policiales o simplemente en la calle cuando alguien es detenido en averiguaciones. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué ocurre eso que usted menciona en una cárcel, y por qué por otro lado pasarían estas otras situaciones fuera de las cárceles, en procedimientos policiales habituales?

AG - Digamos que por una cuestión de competencia yo me puedo referir exclusivamente a lo que ocurre en las cárceles. Y en ese sentido tengo la certeza de que hay una clara orientación diferente del Ministerio del Interior con respecto a ese tema, que es un problema histórico, que es el uso y el abuso de la fuerza sobre personas que están detenidas. Como le decía, en una época había prácticas que eran habituales, de golpear, que hoy por hoy lamentablemente subsisten, pero diría que hay, al menos a nivel jerárquico, una actitud completamente distinta. En una época cuando denunciábamos este tipo de situaciones ante las autoridades administrativas ministeriales o en la justicia, la primera reacción era de duda y de poner en tela de juicio la propia denuncia. Hoy la actitud es completamente diferente. Entonces, el primero que en este sentido merece respaldo es el propio director del establecimiento donde ocurrieron los hechos [Gerardo Bidarte], es necesario destacar que su gestión ha sido sumamente positiva en todos los planos, fomentando las oportunidades de trabajo y de estudio para los privados de libertad, pero también en este tema concreto del uso de la fuerza, con lo cual quiero dar el debido contexto a estos hechos.

ROMINA ANDRIOLI:

Yendo a otro de los temas que comentaba Emiliano en la introducción, usted también habló de la presencia cada vez mayor en el sistema carcelario de los operadores penitenciarios civiles. ¿Cómo se está con relación a eso? ¿Cuáles son las cifras con relación al total?

AG - En el año 2010 una ley previó la creación de hasta 1.500 cargos, luego la ley de presupuesto creó un poco más de 1.100 cargos, y estos ya se proveyeron prácticamente en su totalidad. Han ido ingresando los operadores, primero en la Cárcel de Mujeres, luego en Punta de Rieles, o prácticamente al mismo tiempo; posteriormente se han comenzado a insertar en lugares como el Comcar, no en todo el establecimiento pero sí en algunos de los módulos, y hay llamados abiertos ahora para distintas cárceles del interior; han ingresado en Rivera, lo harán en Maldonado. En este sentido el sistema carcelario comienza a tener un cambio muy fuerte.

RA - ¿Qué implica en la práctica ese cambio?

AG - El cambio no pasa solamente por tener más metros cuadrados y nuevos edificios, sino que también tiene muchísimo que ver la presencia de los técnicos trabajando junto con la policía. No tenemos una visión de oposición entre lo que debe ser lo técnico de la seguridad y lo técnico en materia de tratamiento e inclusión social, la relación tiene que ser de complementación, por lo tanto el ingreso de los operadores civiles no es para echar a la policía, sino que en todo caso tiene que haber una debida complementación. Por supuesto que hay muchísimas cosas para mejorar en este proceso, pero me parece que más que ver el detalle hay que ver la tendencia general, y esta es bien positiva, porque por primera vez en muchísimo tiempo empieza a dársele la importancia necesaria al tratamiento técnico de las personas que están encarceladas.

RA - ¿Qué tipo de tratamiento técnico? ¿En qué se está trabajando?

AG - La presencia de educadores, psicólogos, procuradores, docentes, todo eso perfila un panorama muy diferente. No es solamente la presencia del funcionario policial, que es muy importante en todo esto pero que por su propia formación está preparado para la contención, la seguridad, la represión eventualmente, pero no para todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de las personas. Esa es la parte técnica que faltaba y por eso es tan importante la presencia de estos operadores.

RA - ¿Ya se puede hacer algún tipo de evaluación de lo que ha significado este tipo de operadores civiles, con este trabajo que usted comentaba que se viene desarrollando? Estoy pensando por ejemplo en el relacionamiento de los reclusos.

AG - Sí, se empieza a ver, porque en principio la presencia era un poco extraña para la propia población privada de libertad, que no entendía demasiado cuáles eran la función y el rol de los nuevos operadores. Creo que ahora ya se va asimilando mejor; reitero que seguramente haya muchos aspectos para mejorar, pero la presencia y la actividad de todos estos funcionarios son uno de los factores que podrán incidir más fuertemente en un cambio de la gestión. Ayer les planteábamos a los legisladores de la comisión que lo que ocurra de acá al año 2015, fines de esta administración y comienzos de la siguiente, va a ser decisivo para el cambio en el sistema carcelario, porque se ha invertido mucho, se han iniciados procesos fuertes de cambio y es el momento ahora de concretarlos definitivamente. Entonces estos meses, este año y poco va a ser clave.

RA - ¿Por dónde pasan esos puntos claves en lo que resta?

AG - Por terminar de encaminar las inversiones para tener locales adecuados, apostar decididamente a la presencia de estos operadores técnicos en complementación con la policía, y hay otro aspecto que ese sí me preocupa, que es todo lo que tiene que ver con la salud. Allí hay un capítulo muy problemático que es el consumo de drogas en los establecimientos, al menos en algunos, y allí da la sensación de que todavía no se han adoptado todas las medidas necesarias. Es evidente que una emergencia requiere gradualidades para la superación, e ir atacando los temas uno a uno, ir resolviéndolos uno a uno. Creo que una vez que se resuelva lo edilicio y se cuente con los operadores penitenciarios, habrá que plantearse muy a fondo el tema de qué hacer con las personas que están consumiendo, porque evidentemente solo con seguridad y represión esto no se resuelve, se requiere el tratamiento. Y puedo asegurar que son muchas las personas que están necesitando ese tratamiento para adicciones.

Transcripción: María Lila Ltaif

De: Espectador.com

Algunas reflexiones a partir de las respuestas del Comisionado Parlamentario:

*   quiste (Del gr. κύστις, vejiga).

1. m. Biol. Envoltura resistente e impermeable que rodea a un animal o vegetal de pequeño tamaño, a veces microscópico, manteniéndolo completamente aislado del medio.

2. m. Biol. Cuerpo formado por una envoltura resistente e impermeable y el pequeño animal o vegetal encerrado en ella.

3. m. Med. Vejiga membranosa que se desarrolla anormalmente en diferentes regiones del cuerpo y que contiene líquido o materias alteradas.

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**   Según los Diccionarios Médicos, dos son las formas básicas de intervención: se extirpa el quiste o se le somete a tratamientos de diversa intensidad.

*** La normativa no es garantía de una práctica acorde. Los mandos están representados  por jerarcas de extensa trayectoria en la Fuerza, y por ende no pueden desconocer costumbres tan arraigadas en su personal; es más, sociológicamente, no pueden ignorar que en el colectivo existe una imagen perfectamente delineada (la del "pichi"), imposible de desconstruir mediante la emisión de directivas puntuales. Entre la normativa y la práctica hay un vacío; elegantemente, todos evitan referirse a qué medidas se van a adoptar para eliminarlo. 

****  La complementariedad es una utopía si no se adoptan medidas para, concomitantemente,  reeducar al personal policial. En principio, en el respeto hacia sí mismo, para poder entonces respetar al otro. Todos/as conocemos funcionarios/as excelentes, pero todos/as sabemos que la corrupción moral sigue avanzando...