sábado, 31 de agosto de 2013

¿Es necesaria una híper-cárcel en Uruguay?

…Nos remitió como digo
a esa Justicia Ordinaria,
y fuimos con la sumaria
a esa cárcel de malevos,
que por un bautismo nuevo

la llaman Penitenciaria.

Sin perfeccionar las leyes
perfeccionan el rigor.
Sospecho que el inventor
habrá sido algún maldito.
Por grave que sea un delito
aquella pena es mayor[1].

                                                                                                     



El proyecto a estudio en el Parlamento, que se propone la construcción de un Complejo Carcelario para mil ochocientos (1800) internos –no se ha informado cuántos funcionarios se necesita para su operatividad-, pone a la República Oriental del Uruguay, en el concierto de las naciones subdesarrolladas, clientela cautiva de las empresas constructoras que monopolizan las grandes obras de infraestructura y administración de prisiones.

En el caso particular del proyecto entrado al Parlamento, a la medida de la Corporación Techint, sus controladas, y subcontratadas, la cual ha construido, luego de procesos licitatorios cuanto menos sospechados, cuanto más sobrefacturados, en la vecina Provincia de Buenos Aires (R.A.), una cantidad de establecimientos con idénticas características a las propuestas aquí, y aún hasta con planos que serían los mismos de aquellas, con alguna ligera variante para “despistar” o facturar otros planos con firmas prestadas de arquitectos locales.

Pero esta verdadera corriente expansiva de las cárceles como gigantescas plataformas de miles de metros cubiertos, edificadas en una planta, en terrenos normalmente alejados de las grandes ciudades, comenzó en la “década perdida” de los ´90, para disponer discrecionalmente de importantes fondos estatales, que solo en la Provincia de Buenos Aires, se conformaron con los aportes de recursos nacionales o federales, al FONDO ESPECIAL de la Provincia “Fondo del Conurbano Bonaerense”, la suma de U$S 200.000.000.- (doscientos millones de dólares) anuales, sin obligación de licitaciones públicas ni de rendir cuentas, manejados discrecionalmente por el gobernador (le toco en suerte al Gdor. Duhalde y sus acólitos).

Ello, a cambio de asegurar al “Superministro” D. F. Cavallo (llegó a serlo en gobiernos de partidos o alianzas enfrentadas, culminó su carrera en la crisis de 2001), la mayoría parlamentaria de sus Diputados Nacionales y Senadores por la Provincia de Buenos Aires, en la votación de las leyes del Congreso Nacional para la reforma estructural de la economía y finanzas, las privatizaciones de empresas públicas, la liberación del “mercado” para las importaciones, la convertibilidad un peso un dólar, y la implementación de todas las prácticas que el FMI consideró necesarias para la sumisión de la Argentina en dicho mercado mundial, como proveedor de materias primas (commodities) e importador de productos elaborados, y fundamentalmente exportador de divisas (dólares), en forma de intereses, rentas y control de los recursos naturales no renovables, a los centros financieros del exterior, para modificar la Constitución Nacional, y así también los recursos naturales no renovables, pasaron al dominio de las provincias, ergo YPF pudo ser privatizada al igual que la explotación y exploración petroleras, ahora concesionadas por cada provincia a las empresas.

Junto a la financiación y contratos de las nuevas “híper cárceles bonaerenses”, se encargó a los legisladores recientemente electos en aquellos tiempos, y así tienen los vecinos bonaerenses aún hoy, las leyes de aumento de las penas por delitos comunes, la prohibición de las excarcelaciones en la mayoría de los casos, (¿no suena familiar esta musiquita de los ´90?)[1], la designación de una nueva camada de funcionarios judiciales y del ministerio fiscal, sin un proceso de selección transparente, el vaciamiento de las facultades de los jueces penales, la entrega a los fiscales de las funciones del poder judicial –aún en Uruguay al menos el poder judicial son los jueces, pero ya se habla de modificarlo-, todo ello para proveer de clientes a dichas híper cárceles, las cuales actualmente tienen casi 26.000 reclusos alojados la mayoría sin sentencia, mas aún quedan unos miles en calabozos de las comisarías.
“Quiera Dios que nuestros gritos se escondan bajo las almohadas de los que no saben, de los que saben y callan, de los que no quieren saber”[2].

Sepamos entonces, de la historia profunda de estas prácticas y políticas de los genocidas, ya en la otra orilla reciclados demócratas a sueldo y de ocasión:  como “la historia se produce primero como tragedia, y se repite como comedia”[3], estas leyes fueron propuestas por los diputados del bloque del Comisario Patti (Diputado Nacional que nunca pudo asumir su cargo, con tropa en la provincia, luego condenado por delitos de lesa humanidad), adhirieron los Duhaldistas, y llevan estampadas la firma del Vicepresidente del Senado de la Provincia: ALDO RICO (nos remitimos a las Actas del Senado citado), el militar “carapintada” indultado...

Aquí en cambio, una mayoría circunstancial de los partidos tradicionales, prácticamente copió las “reglas básicas para el llenado de cárceles”, de esa reforma provincial del vecino allende el río, y está logrando los     mismos efectos, no así el prometido edén de la disminución de la violencia, de la paz social, de la mejora en la calidad de vida, de más seguridad, sino el aumento de la venta de armas, de rejas, de puertas blindadas, de empresas de seguridad privada, del tráfico y consumo de drogas ahora mucho más baratas y destructivas de la personalidad –la pasta base es su consecuencia más palpable-, incluso pretenden la disminución de la edad para ser considerado imputable –más “nuevos clientes”, para el mismo sistema-.


HAGAMOS HISTORIA DE LA PASTA BASE:

La corriente privatizadora de los ´90, que arrolló América Latina, incluyó también al delito común, desde que los proveedores de pasta base regentean la cantidad de hechos que en conjunto y por territorio, solo así forman una masa importante de dinero –muchas escuálidas billeteras, hacen un buen botín-, expropiándole el beneficio al autor directo, antes solitario y con “códigos”, remplazado por un despojo de adicto, mano de obra barata y descartable para ellos, a la cual pagan en especie.

Si por delitos comunes que normalmente sus autores eran excarcelados y se les daba una oportunidad de salir de la marginalidad, luego, con el agravamiento de las restricciones al derecho a la libertad durante el proceso y el aumento de las penas, dejaron de serlo; el incentivo ideal para que los habituales ladronzuelos de poca monta, arrebatadores de ocasión, asumieran un enorme riesgo de perder la libertad incluso durante años, solo sin su sano juicio –salvo excepciones que confirman la regla-, entonces solo con una sustancia que los priva de él, pudieron lanzarse a la calle en estas nuevas condiciones de punición, donde el riesgo de un arrebato sin lesión física a la víctima, es igual o mayor que el de robar un camión de caudales, o el de rapiña sin armas trae la pérdida de la libertad durante el proceso igual que si fuera con armas de guerra.

Consecuencias estas de sanciones gravísimas sobre el autor del delito, mucho más probables por cierto, que las de alguna corruptela por el ejercicio de la función pública o por la quiebra fraudulenta de una empresa (ej.: una gran empresa textil de Colonia, -Sudantex- que empleaba cientos de obreros, siquiera diez años luego hay detenidos o procesados entre los empresarios o los banqueros), o el cierre de bancos y financieras con un tendal de ahorristas defraudados, en la misma “década perdida”, ya que los operadores del sistema judicial/policial, seleccionan las víctimas que quieren, no las que deben.

La aparición de la PASTA BASE, droga de extermino del propio consumidor, en el consumo de los jóvenes, que llegan al delito por la propia sustancia, para proveerse de ella, es coincidente con estas reformas en contra del principio de inocencia, de la libertad durante el proceso, y de la consideración de las adicciones a estas nuevas sustancias, no como lo que son, una enfermedad –también un síntoma-, sino como delito con pena de prisión, funcional ésta a la provisión de clientes para las híper cárceles, en vez de híper prevención, híper asistencia a los jóvenes en riesgo, híper protección de los que no son peligrosos por ser jóvenes y pobres, sino que por esa razón, se encuentran en peligro, a merced de la discriminación, del mercado, de la policía, y de los tribunales/COMCAR ahora COMPEN y penales con nombre LIBERTAD, que nos ha hecho renombre, en la lista de las instituciones de degradación que nos legó la dictadura genocida, y merecido la atención de nuestros escritores populares:

“En el mundo al revés, la libertad oprime: la libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo, que es la más cárcel de todas las cárceles”[4].

Pero además, esa sustancia, no es invención, sino modificación de la tan codiciada por dicho imperio, la cocaína; decimos codiciada porque ellos son pragmáticos, se trata de una mercancía más, - su consumo no está penado en U..S.A.-, aunque por efecto de la prohibición de circulación, su valor aumentó (al modo de la prohibición de la “Ley Seca”), más en su versión de consumo en el norte, es decir en alto grado de pureza, sus efectos comprobados son menos lesivos que los sintéticos de venta en farmacias: valium, lexotanil, rivotril, etc., patentados por laboratorios de U.S.A. que atraen decenas de miles de millones de dólares, más también la cocaína, con la obvia diferencia que su producción y la materia prima, no son controladas por U.S.A., el mercado consumidor más grande, -el propio imperio-, y ello determina las condiciones de “guerra al narcotráfico” declarada, cuando en realidad se trata de una “guerra por el control del producto, de su provisión, disponibilidad, stock, y GANANCIA”.

Esta sustancia, normalmente destinada a los mercados del Norte, con su represión ya en los países productores, comenzó a registrar stock no exportados cada vez mayores, ello lógicamente haría bajar su precio y aumentar su venta en los propios países productores, y “de tránsito”, entre los que se encontraba Uruguay y otros, pero no ha sido finalmente, extrictamente así, es decir no la cocaína tal como se exporta y consume en el Norte, sino su variante degradada y destructora del consumidor local, la PASTA BASE.

Coincide con la expansión de esta droga de exterminio, la crisis económica en América Latina, en los países de tránsito mencionados, no como de un pensamiento “determinista” podría creerse[5], sino al contrario: dicha crisis, motorizó también los medios de intercambio directos, el trueque, hasta en las clases medias, (recuérdese años 2000/2002), y la PASTA BASE entonces destruye las voluntades asociativas.

Sabido es que el adicto a ella, se piensa solo y muchas veces hasta en contra de otros adictos a la misma, no se plantea colaborar en ninguna estrategia de supervivencia grupal -como se plantearon muchas familias en las crisis-, no tiene tiempo por efecto de la sustancia, para planificar ningún futuro de mediano o largo plazo, cuanto más afectado, se aísla más de su núcleo familiar y toma a las personas hasta de su entorno, como meros medios para proveerse de recursos para adquirir la sustancia, inversamente al aislamiento de la familia, se produce su acercamiento al  “dealer”, elemento comerciante este –quien reproduce las reglas capitalistas del mercado-, que sabe disponer de este nuevo sujeto de consumo cautivo a corto plazo (al cual además, se usa y descarta en poco tiempo).

Nuestros jóvenes y adolescentes, aún los no adictos, reciben el discurso dominante sobre el nivel de consumo y de vida que se dan los ganadores del comercio de las drogas ilegales (de los dueños del Valium y otras legales, se asume que son millonarios bien habidos), y se los estimula a imitarlos, se los exalta a admirar por aquello que ahora tienen: casa, autos deportivos, altísimo nivel de consumo, aparecen su líderes en la portada de la revista Forbes, para millonarios, incluso en TV Cable e Internet, diariamente se pone en pantalla las operaciones de los cárteles de Tijuana, Sinaloa, ciudad Juárez, de los Zeta su terrible capacidad en armas y violencia, pero muy poco se dice respecto a que es el propio país consumidor, que tanto dice combatirlos, el que los provee de las más sofisticadas y mortales armas, ya que en U.S.A. son de venta libre y su tráfico a la orden del día en la frontera.

Aquí citamos una excelente investigación de nuestros científicos sociales uruguayos*, respecto de las condiciones y causas de la expansión de la PASTA BASE en la comunidad:

Una paciente que venía caminando junto a su familia desde un barrio periférico hasta un centro de salud de la ciudad vieja donde trabajábamos en el 2002, resumía muy bien estos procesos en su discurso: "con mi marido siempre fuimos pobres; el es pintor y trabajaba en una empresa. Hace tres años perdió el trabajo, y ahora los meses que tiene suerte trabaja cuatro o cinco días. Desde que el quedó desocupado,.nos empezamos a dar cuenta que nuestra peor pobreza no la teníamos en los bolsillos sino en la cabeza. Cuando yo compraba un paquete de fideos en el supermercado, era pobre de la cabeza, porque con un kilo de harina, hago fideos para mí y me sobran para cambiar con los vecinos. Cuando compraba verduras y en el fondo de casa no plantaba ni perejil, también era pobre de la cabeza (...) Cuando mi marido trabajaba, nunca pude atender a mis hijos con un dentista, ahora los tres tienen la boca arreglada, y no me costó un peso, -porque mi marido le pintó la casa al dentista del barrio, y mis hijos lo ayudaron (...) Los gurises ahora nos ayudan en la quinta y no andan tanto en la calle". • Frente a estos fenómenos sociales periféricos de "autoorganización de la pobreza", en dispositivos centrados en vinculaciones íntersubjetivas fuertes, en regímenes de "ayuda mutua"; que parecían encarnar la sugerencia artiguista de "nada debemos esperar sino de nosotros mismos"; surgía desde el mismo centro del aparato estatal de aquellos tiempos un contramodelo sumiso, acrítico y dependiente. El mensaje mediático que recibíamos todos los días era exactamente el contrario: "nada podemos esperar de nosotros mismos". La única esperanza es que venga la ayuda de afuera (llámese FMI - BID u otra institución financiera), ya que es la "única solución". La alternativa era el caos, que tomaba la forma imaginaria del "malón" constituido por los "bárbaros". Habitantes de los márgenes de pobreza y exclusión, que tomarían por asalto "si se organizaban", el centro civilizado, y arrasarían todo a su paso. Este contramodelo de dependencia, que partía del "centro y de arriba", lamentablemente se reproducía muy rápidamente "abajo y en la periferia", en la pobreza extrema, que en lugar de autoorganizarse, se naturalizaba. Como en la trágica situación de los padres, que en los fines de semana cuando no había posibilidad de hacer las largas colas para esperar pasivamente un plato de comida, les daban pasto a sus hijos hambrientos como única salida. En este "caldo de cultivo social", vimos crecer exponencialmente la distribución y consumo de pasta base de cocaína. Las incipientes y prometedoras redes de trueque y ayuda mutua que venían creciendo tímidamente, fueron progresivamente colonizadas y desactivadas por nuevas redes de distribución, comercialización y consumo de pasta base.
Hoy es común ver asentamientos constituidos por doscientas cincuenta o trescientas personas en los que funcionan cuatro o cinco "bocas" de venta…
*Miguel Ángel Silva Cancela -Licenciado en Psicología -Psicólogo Social Clínico especializado en grupos, familias e instituciones. –Coordinador responsable del Área de Familia del Policlínico de Fármacodependencia del Hospital Maciel (1989 a 2005) -Supervisor del Equipo Técnico del "Centro de Información y Referencia Nacional de la Red Drogas": Portal Amarillo.

Si de “bocas de venta” se trata, puntos localizables o localizados, regenteados por un distribuidor identificado o identificable, en un territorio asignado, en zona urbana, siempre en jurisdicción de alguna Comisaría, delegación normalmente preexistente en años a la radicación de la “boca”, cuyos clientes frecuentes ya se proveen de recursos del pequeño delito al vecino y aún al pariente, cantidad de delitos que genera cantidad de señales e indicios de su actividad, como de la localización, la identidad del distribuidor, y demás datos, aparece sorprendente la ineficacia en la represión y neutralización de esas “bocas”, por quienes están facultados para ello, no obstante se distraen sus recursos a la persecución de los adictos, elementos fácilmente sustituibles por otros, todo lo cual genera fundadas preocupaciones, respecto a los verdaderos beneficiarios del comercio de PASTA BASE, máxime cuando la mayoría de los autores de delitos de rapiña y hurto, que llenan los calabozos de las mismas comisarías y cárceles, son adictos a la misma, más excepcionalmente aparece un distribuidor, y menos aún un proveedor o productor.


CÁRCELES MADE IN  BUSH PADRE…e  HIJO:

La doctrina de los “conflictos de baja intensidad”, del Departamento de Estado de U.S.A., coincide con la aparición de la PASTA BASE, hecho que no deja de sorprender; esa doctrina, fue diseñada y aplicada, para condicionar a las incipientes democracias post dictaduras, de modo que la asignación de recursos a los gastos de seguridad, armamento, ejército, policía, se mantuvieran en algún piso razonable, y asegurara a la vez una cuota de poder a las fuerzas de seguridad, fundamentalmente los ejércitos, porque estos estaban (aún están en su mayoría) ideológicamente cooptados por U.S.A., para sus estrategias de control de su “patio trasero” (América Latina), cooptados antes para la “guerra fría” y ahora para el control de las democracias sujetadas al “Consenso de Washington” (FMI - Banco Mundial - TRATADOS DE LIBRE COMERCIO con U.S.A. – Tratados de alianza militar defensivos y ofensivos en algunos casos TIAR/OEA).

Si como dice el Criminalista Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni:
“…la cárcel es ese espacio donde un gran grupo es vigilado por uno pequeño pero armado con medios de superioridad y violencia asegurada, una institución del capitalismo del siglo XVIII, presuntamente re-re (entendemos aludiendo a resocialización/reeducación), en la cual el Sistema judicial selecciona estereotipos que deberán cumplir roles…[6], y siendo que el capitalismo sufrió transformaciones desde aquellos tiempos, al punto que actualmente se encuentra en su etapa  globalizado especulativo/financiero, con sus recurrentes crisis, manifestada en explosiones de burbujas creadas para enriquecer a unos pocos en detrimento ya planetario, cuyas corporaciones controlan los mandos de sus Estados nacionales, que han asumido a través de los gobiernos centrales, el pobre papel de gerenciar las catástrofes, nunca de prevenirlas, evitarlas, y mucho menos reprimir a sus pocos autores (patético ejemplo de ello, no solo en el descontrol de las finanzas, las quiebras de bancos y securitizadores de hipotecas “sub prime”, véase la catástrofe ecológica ocurrida con British Petroleum en Aguas territoriales de U.S.A. y la reacción tímida de las autoridades, ante el poder de las corporaciones Petroleras).

También entonces las cárceles asumen un rol acorde, es decir se han transformado en el norte, en un engranaje del sistema de consumo (no ya con expectativas de producción como en el siglo pasado), una herramienta prevista originalmente para “resocializar/reeducar”, ya ni se propone tales funciones, sino la de mantener con vida al recluso durante largas condenas, cada vez más tendientes a la perpetuidad, generar rentas aseguradas a las corporaciones en ello –también por muchos años-, y a través de los medios de comunicación, satisfacer el morbo de cierta masa que, si alguna vez dijo que eran para recuperar y no para castigar, hoy ya las considera como máquinas de tormento, para la venganza contra el reo -esteriotipo y rol-[7].

Estereotipo y rol, que unos pocos presos asumen[8], el de reo tumbero, -funcional al Sistema-, en desmedro de la mayoría de quienes aún pretenden la libertad y la vida en comunidad extra muros, trabajar en algo para aquello que se tenga aptitud, sentirse útil a la familia y a la comunidad, acariciando la idea de criar a sus hijos, protegerlos de la adversidad, para que tengan un futuro, como de progresar en lo personal a través de la educación y la cultura, desde participar en una murga hasta la producción individual o el estímulo de sus talentos naturales, o una simple asistencia a un estadio de fútbol para apoyar a su equipo, la participación en las organizaciones sociales de la comunidad, incluso en la militancia política en la democracia, o en muchos casos, sin mayor expectativa que la tranquilidad de la conciencia limpia, por una nueva vida honrada junto a los suyos.

El sustrato filosófico de esta política de seguridad y carcelaria desplegada en U.S.A., desde el siglo XIX lo viene profesando su clase dirigente, apoyada en la religiosidad del castigo del delito, que es considerado como un pecado y como ruptura del pacto entre el individuo pecador y la comunidad moral, sancionado entonces con la exclusión de la sociedad y reclusión en un espacio fuera; se sanciona entonces a la personalidad, no el acto cometido, se lo excluye de la sociedad como pecador/delincuente (estereotipo/rol)[9], todo ello estimulado y reforzado por dos factores del siglo XXI, el extraordinario incremento del poder mediático de las iglesias “electrónicas, televisivas” (Club 700, la Secta Moon –vgr. la cadena FOX-, la iglesia de Roma bajo la dirección de un ex miembro de las “Hitler Juvend”, etc.), que en conjunto han adquirido la mayor parte del complejo radio/TV global, y la idea de VENGANZA o retaliación –no justicia-, contra las agresiones a su seguridad pública, o de la seguridad nacional, o sus intereses estratégicos y aún meramente tácticos, desviación a la venganza, revelada ya por pensadores norteamericanos como Mark Twain a fines del siglo XIX, continuado por Noam Chomsky en el siglo XX.

Uno de los fundadores del Estado/Nación en U.S.A., ya había sostenido:

Quien arriesga la libertad, en aras de la seguridad, termina perdiendo ambas”.[10]

 La realización tres siglos luego de ese axioma, es un hecho en esa potencia hegemónica mundial y se pretende transferir al resto del planeta, llegando a la periferia de la que somos parte, en la forma del uso de los medios de comunicación masivos (el diario El País, “casualmente” propiedad de la Secta Moon es muy buen ejemplo), para la psicosis de la inseguridad pública, la pérdida de derechos y de la presunción de inocencia –extrañamente principio no tomado aquí, de U.S.A. donde este modelo y la campaña se inspiran-, el aumento en el gasto de armamento y policías, la mayores ventas en las compañías de seguros, el aumento de las penas en los delitos contra la propiedad, la licitación de grandes plataformas para nuevas cárceles, la participación de las corporaciones en el negocio de las prisiones –¿hay alguna duda de que se han transformado en un gran negocio?-, sembrando en las mentes de la sociedad civil, la idea que, es imprescindible distraer fondos necesarios en otras áreas, como salud, educación, infraestructura productiva y de servicios públicos, hacia la “urgente necesidad de construir nuevas híper cárceles” –grandes plataformas, con poca cantidad de guardias, mucha tecnología de cámaras, y armamento especial, se controla a miles de presos”-, incluso cediendo a  privados los servicios de comedor, transporte, limpieza, etc., en detrimento de las pequeñas chacras prisiones autogestionadas o cogestionadas, que se propusieron al principio como reforma del sistema.

Las cárceles de hoy, planificadas en tiempos de la dictadura cívico militar, anuncian una sociedad para la ganancia y beneficio de unos pocos, que se vale de un ejército propio y con la manipulación de la violencia, mas la colaboración de un puñado de alienados –intra y extra muros- reclutados en el poder judicial (el “affaire Damasco” los ha puesto en evidencia), en su policía, en los medios de comunicación, entre los legisladores, y entre unos pocos –muy pocos- marginales que predican el ejemplo del sálvese quien pueda, salvándose solo a sí mismos aún a costa de los suyos, (los de la clase a la que pertenecen), otros, los más –marginados o excluidos-, víctimas de la desesperación por la mera subsistencia, y cuanto más de la torpeza, y hasta de la demencia, o ahora la enfermedad de la adicción a nuevas sustancias alienantes (no confundir con alucinantes), asegurando así el Sistema, la materia prima para su propia reproducción, como burocracia policial/carcelaria/judicial.

El castigo mayor de la cárcel, no es para el preso de condición humilde, sino para su familia: privados del sostén de familia cuando el que “cae” es el padre o la madre, o de las posibilidades de salir de la miseria como de un futuro de movilidad social, cuando son los hijos o nietos los prisionizados.


¿ES EL ESTADO, SU PODER JUDICIAL, SUS POLICÍAS, QUIEN PROYECTA LAS CÁRCELES, O LAS CÁRCELES ANUNCIAN UN TIPO DE ESTADO?

La policía vive de la represión del delito, tiene interés en que haya delitos, muchas veces el contacto permanente con el delito favorece su vinculación para extraer beneficios de ellos, se vuelve provocadora y desarrolla en sus hombres y mujeres, jóvenes que provienen de las misma extracción social de los prisionizados, y vivieron sus mismas penurias sociales, instintos bestiales y perversos.

La justicia penal vive y prospera también gracias al delito, y sus funcionarios adquieren, en el ejercicio de su oficio, una mentalidad que hace de ellos una máquina para condenar el mayor número de gente posible, a las penas más graves posibles, sin un atisbo de humanidad, aplican distinta vara según la cercanía o lejanía con la capacidad económica del imputado, cuidándose de seleccionar a los destinatarios de las cárceles, entre los que menos se les parece por sus hábitos y condiciones de vida, se han olvidado de las enseñanzas de nuestros prohombres:

“Con este fin son dictadas mis providencias y cualquier excepción de la ley que se haga, será motivo de causar celos en los demás ciudadanos.  Este es por cierto el peor de los males, y para evitarlos, sean todos iguales en presencia de la ley.[11]

Los resultados se ven en las estadísticas: Se cambia las leyes penales, se reforma la policía, se modifican los sistemas carcelarios…y los delitos continúan, resistiendo la realidad a todas las tentativas de destruirlos o disminuirlos por el poder judicial/policial, que siempre llega después del acto…: olvidan los falsos reformadores que, los Códigos penales no dicen “no matarás”, sino tan solo consisten en un catálogo de actos con descripción de las penas o sanciones medidas en años, ya consumadas o tentadas.

            “Allí bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrica, tejen, hunden”.[12]

La verdadera reforma comienza cuando se asume que la prisión es una máquina, surgida del capitalismo de la revolución industrial, mezcla de psiquiátrico, fábrica vetusta y cuartel, para el castigo, la venganza y la despersonalización, que antes supo tener fines de expedir obreros sumisos y obedientes a bajo costo, o guardar a los perturbadores del orden establecido –llamados anarquistas primero, comunistas luego, socialistas más tarde, finalmente subversivos-, y ahora que ya no se requiere cantidad de mano de obra por su sustitución con tecnología, más no se avecina insurrección popular contra el Sistema, solo satisfacer los intereses de las corporaciones que pretenden administrarlas, recibir rentas seguras de ellas, en la forma de construcciones, servicios, poder de manejar vidas y bienes de otros, elemento de presión contra gobiernos populares, de restricción de la libertad en aras de la seguridad, etc.


                   ¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS?

“..No se el tiempo que corrió
en aquella sepultura;
si de ajuera no lo apuran,
el asunto va con pausa;
tienen la presa sigura
y dejan dormir la causa.

  …Inora el preso a qué lado
  se inclinará la balanza.
  Pero es tanta la tardanza
 que yo les digo por mí;
 El hombre que dentre allí
 deje afuera la esperanza.”[13]
En el momento actual, se encuentra a estudio en el Parlamento, un proyecto de Ley de Asociación Pública/Privada, que permitirá, de aprobarse, proyectar la construcción de un Complejo Penitenciario de 1800 plazas, donde el Estado reservará para sí, el control de la Seguridad y el Tratamiento integral, y el privado asumirá la construcción, su mantenimiento general, la alimentación y dentro de ellos, los cupos laborales para la capacitación y empleo de las personas privadas de libertad.

Si la consecuencia de un delito de robo sin secuela de lesión a la víctima, es la prisión sin derecho a excarcelación, ¿será necesario entonces incentivar con sustancias poderosas, para que los desesperados asuman un riesgo mayor, por un beneficio muchas veces ínfimo, como apropiarse de la cartera de una jubilada, las zapatillas de un vecino, o la billetera de un trabajador?

¿Cuántos presos en Uruguay tienen sentencia de condena, que realmente habilite la pena de prisión?

¿Es verdad que el ochenta por ciento (%80) de los presos, se encuentran en “prisión preventiva”, verdadero anacronismo del siglo XXI, que siquiera se les ha ocurrido a sus jueces copiar la presunción de inocencia de su modelo de justicia made in U.S.A., donde aún se practica a rajatabla?

¿Cuántos presos están acusados de delitos contra la propiedad, sin daño físico a las víctimas, hecho que los hace pasibles de un proceso en libertad?

¿Cuántos privados de la libertad, por NO DELITOS, SINO ACCIDENTES de la vida civil, producto del nivel de desarrollo económico o tecnológico de la sociedad?.

¿Cuántos podrían ser enviados a cumplir la prisión domiciliaria, y hasta probation (trabajo comunitario) para reparar el daño causado?.

¿Cuántas víctimas estarían dispuestas a conciliar con los imputados, una reparación del daño causado reclamado, para evitar una instancia judicial?; pierde la corporación carcelaria/judicial los potenciales clientes, cuando se intensifican los medios alternativos de resolución de conflictos –mediación, conciliación, arbitraje-, especialmente cuando se trata de conflictos por el bien jurídico propiedad, es decir la enorme mayoría de los delitos –hurto, rapiña, receptación, fraude de escasa entidad- (ya se han sancionado leyes en otros países de América Latina,  en el vecino incluso, que habilitan estos medios en sede penal, aquí no nos damos por aludidos…).

¿Cuánto le cuesta al Estado mantener en prisión a un ciudadano?

¿Cuánto se ahorraría en personal policial, alimentación, servicios, infraestructura, y en violencia, corrupción de los guardias, contacto entre miembros del crimen organizado y policía, demandas contra el Estado por errores judiciales en el dictado de prisión?, -errores que pagamos todos los ciudadanos, incluso las propias víctimas, pero que se cometen hasta con saña por los funcionaros-, si se remitieran, según los casos, los presos a sus casas con obligaciones estrictas de reparar el daño económico causado en los delitos contra la propiedad, procurándose o procurándole empleo u ocupación, y aún capacitación, o educación para el trabajo.

¿Cuánto se ahorraría el Estado y la sociedad, si los recursos actualmente destinados a las prisiones, se derivaran a la asistencia social de los adictos a las drogas, los marginados, y los que están en una situación desesperada por la falta de trabajo –subsidiando los salarios de los liberados al menos un tiempo-?

No disponemos a la fecha de los datos exactos, pero conociendo que hay aproximadamente diez mil (10.000.-) presos en el país, se entiende que una minoría absoluta reuniría las condiciones de prisionización.

¿Es cierto que al Estado le cuesta más de mil dólares (U$S 1.000.-) mensuales mantener preso a un ciudadano?, si así fuera, siempre que las consecuencias sociales del acto ilícito no sean importantes, lo afectan cuando perjudicaron a cantidades de gentes en sus bienes o derechos en un solo acto, -pluralidad de víctimas-, cuando se afecta con intensión el bien jurídico vida humana, o la integridad de las personas –integridad sexual-, y/o la libertad ciudadana –secuestro-, o el sistema democrático –asonadas golpistas-.

¿Con la mitad de ese costo mensual, se los podría remitir al cumplimiento de reglas de conducta extra muros, en sus casas y aún en el trabajo o el estudio de una profesión si lo tienen, y en la preparación para uno si carecen de él?, ¿educar para el trabajo, no es resocializar?.

Si medimos los delitos para establecer su gravedad, conforme al daño social que producen: el/los autores de rapiña –sin lesiones a la víctima-, hurto, robo de automotor en la vía pública sin privación de la libertad de la víctima, y similares, ¿tienen mayor daño social que la estafa de una financiera que se queda con los ahorros de miles de sus pequeños ahorristas o jubilados que pierden el fruto del trabajo de toda una vida?.
¿Cuál es la pena para estos diferentes delitos?, ¿la vida humana vale lo mismo que la de una vaca, para sancionar el abigeato?, ¿un vehículo vale igual que una vida humana?.
 
Desde ya que, solo respetando la Constitución de la República, el principio de inocencia, la razonabilidad de las leyes y la proporcionalidad de las penas, un alto porcentaje de presos quedarían liberados, a la espera de una sentencia.

Aplicando los criterios legales de carácter constitucional, ya previstos, sin necesidad a priori de una reforma de fondo, sobrarían la mayoría de las prisiones, si a ello  sumamos la generalización de los medios alternativos de resolución de conflictos, en poco tiempo, se vería la SOBREDIMENCIÓN DEL SISTEMA CARCELARIO/ JUDICIAL/POLICIAL, su burocracia.

Así en nuestro vecino, Argentina, desde la generalización de la campaña de psicosis de inseguridad, el gremio de empleados de seguridad privada, alcanzó los cincuenta mil (50.000) empleados –misma cantidad que los integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires-, los delitos no han disminuido por ello.

Tal vez nos equivoquemos, y se trate solo de un sueño, cuando imaginamos un país con más docentes cada vez mejor reconocidos y remunerados, que guardias de seguridad pública o privada[14].

Los delitos disminuyen por la mejora de la economía y la redistribución del ingreso directo en salarios y beneficios sociales, e indirecto en la mejora de los servicios públicos, infraestructura y calidad de vida –educación, cultura, salud comunitaria, alimentación sana y adecuada, vivienda, etc.-es decir, bajan con la satisfacción de las necesidades y la disminución de las desigualdades, necesidades que originan derechos: derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, al ahorro, a la participación plena en la vida democrática.

Los delitos comunes disminuyen entonces, con mayor seguridad en el empleo, seguridad en los ahorros, seguridad en los derechos, y el acceso a estos derechos, se asegura con las acciones concretas de los gobiernos y de las instituciones de la República.

Tal vez nos equivoquemos, y sea solo un sueño, cuando imaginamos que tendremos juicios por jurados, previstos desde la jura de la Constitución[15], para dictar los veredictos de culpable o no culpable, con acusados emplazados o en prisión domiciliaria hasta que se realice el juicio oral y público por esos jurados populares, mientras que los jueces solo tendrán la enorme responsabilidad de garantizar los derechos y el proceso, y aplicarán la pena luego de conocer el veredicto, la opinión del fiscal acusador y del abogado defensor.

No se diga que los sospechados se fugarán (a nadie se le ocurre criticar la eficiencia de U.S.A. en los controles de los sospechosos, donde la presunción de inocencia es la regla), ya que esa conducta es la que promueve el andamiaje de las fuerzas policiales, que deberán especializarse en la búsqueda y captura de los mismos, no ya en la tarea de aprehender presuntos inocentes, para que confiesen en oscuras comisarías  y en despachos de expertos en códigos y lenguaje legal.

¿Es que nuestro prócer Artigas, asumió el modelo del Federalismo de Estados Unidos de Norteamérica por aquellos tiempos, como un simple modo de reparto territorial de funciones, o antes bien como una forma de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo?. ¿Su lectura de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, cuyas obras estaban a su alcance, al igual que las de los Constitucionalistas de la Unión, eran un pasatiempo, o lo afectaron profundamente en sus ideas?

En nuestra América Latina, en general sigue ocurriendo que Fiscales y policías son mayoritariamente meros artistas de la delación (al decir de J. L. Borges), dependen casi siempre de ellas, no se esfuerzan –ni están preparados- por la investigación científica de los hechos, la reunión de las pruebas, la idoneidad del procedimiento de obtención de esas pruebas, la claridad y contundencia de la misma antes de  acusar a un ciudadano.

Hemos llegado al punto que la observación de la mayoría absoluta de las sentencias de los juzgados, no resisten la mínima verificación de las reglas de la prueba, siquiera deberían llegar al “auto de procesamiento”, -otro engendro inconstitucional-, porque no están en condiciones de probar casi nada, no superan las inferencias, las suposiciones sin indicios, la escasez de indicios –deben ser plurales, convergentes, graves y directos-, o la mera remisión a que “el sospechoso tiene antecedentes”, o se trata de un adicto…, sorprende el fantasma de Césare Lombrosso que campea en las acusaciones de todos los días, y nos hace recordar la advertencia del pionero de la defensa de los Derechos Civiles:

“Bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa, es también la cárcel.”[16]

Incluso un responsable de la Policía de la Capital, así lo reconoció expresamente en reportajes radiales y otros, respecto de la falta de pruebas, proponiendo él como panacea, una reestructuración territorial para multiplicar por cuatro las oficinas de investigaciones de hechos ilícitos, que en las actuales condiciones –sin capacitación, sin especialización, sin su correlato en los funcionarios judiciales, sin protocolos científicamente elaborados, sin control cruzado o auditoria-, sería multiplicar por cuatro los mismos males.

Con estos métodos se obtienen de los jueces miles de procesos y cientos de sentencias, cientos de miles de fojas de expedientes, donde en el modelo U.S.A. que tanto evocan, pero no siguen, no insumirían más de treinta minutos de una audiencia pública -previa ante un juez, o final ante el jurado-, sea para rechazar las acusaciones por falta de pruebas, o para llevar a juicio y condenar o absolver en base a ellas, al tiempo que nuestra Justicia penal, no puede ocultar su subdesarrollo, al decir de una voz autorizada:

“La justicia es como las serpientes,
sólo muerde a los descalzos”.[17]

Nuestros constitucionalistas, cuando previeron el juicio por jurados, venían advertidos de la corporación judicial, herencia de la burocracia Borbónica, hija de la Inquisición, de la necesidad de separar la investigación de los delitos, la acusación, y el juzgamiento, no solo en las facultades de sus funcionarios, sino en la potestad y responsabilidad de dictar un veredicto en causas criminales, asumiendo esa función el pueblo, a través del jurado popular, verdaderamente menos vulnerable por su número y variada composición cultural y de clases.

Menos vulnerables por el simple número de integrantes, sea del control del jurado por incentivos en dinero, sea de la influencia del lobby, del poder de un partido, de los intereses de clase, de los prejuicios de una sola persona, de su sola moral, de las creencias religiosas, de las promesas de ascensos en la carrera judicial, de expectativas de progreso personal y favores para sus allegados y familiares, es decir asegurando la mayor imparcialidad posible en el dictado de un veredicto, y reservando a los especialistas, defensores, fiscales y jueces, la determinación técnica de las penas o la calificación jurídica, tareas para las que se requiere especialización científica, no así para encontrar la verdad en base a las pruebas que se le exhiben, es decir: si el hecho sometido al jurado existió, si la persona acusada es la autora en algún grado del mismo, si ha obrado por su voluntad o sin ella, o si actuó en legítima defensa propia o de terceros, u otras causales de exclusión de la culpabilidad.

Nuestras Universidades y sus Facultades de Derecho, (pública y privadas) ¿preparan a los futuros funcionarios para profesionales criminalistas en la investigación de los delitos (fiscales), de la defensa de los ciudadanos en sus derechos (defensores), de las reglas y garantías del proceso penal y la determinación de las penas (Jueces), en procesos judiciales orales y públicos ante un jurado popular?

¿Prepara ya el Estado, educando a las jóvenes generaciones de ciudadanos, para esas responsabilidades como jurados, que están previstas en la Constitución de la República, estudiando las garantías constitucionales del proceso penal, y los conceptos básicos de autoría, participación, tentativa, delito consumado, legítima defensa, dolo, culpa, bien jurídico, presunción de inocencia, licitud de las pruebas, medios probatorios, verdad, certeza, duda razonable?.

Estas reformas son las que deberían ocupar el desvelo de nuestros legisladores populares, las de educar un pueblo en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, la de poner límite al poder corporativo, asumiendo el pueblo cada vez mayores espacios de poder, mayores espacios democráticos, menos delegación[18], nunca la justificación del negocio y la mentida necesidad de híper cárceles.

Para algunos nuestras propuestas son solo sueños, a ellos les respondemos:
“Si, es cierto, fueron sueños de algunos cuando se fundó la república por nuestros próceres y mártires,
De muchos cuando hubo que implementar la democracia como forma de gobierno,
serán solo sueños,
pero cuando sueña un pueblo, comienza la realidad”.


 “Hay algo peor que la ley, es la incertidumbre. El terror del infierno, su purgatorio, se debe no a que en él se torture un tiempo o por toda la eternidad, sino a que no se sabe qué son esos tormentos que amenazan; señores legisladores: ¿saben ustedes qué son esas híper cárceles?



R.R.

2012-2013





[1] En 1995 se reformó el Código Penal  en URUGUAY para agravar las penas de los delitos de rapiña, hurto y otros, privando del derecho a la libertad durante el proceso.
[2] Mauricio Rosencof, de: Las cartas que no llegaron -
[3] Marx, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”.
[4] Eduardo Galeano, Los derechos de los trabajadores.

[5] Como el propio Marx advirtió, “toda idea tiene una interpretación dual”, él tuvo su faz determinista como buen admirador de Darwin, su contemporáneo, además vecino londinense, incluso le obsequió el primer ejemplar de El Capital, recién salido de la imprenta.
[6] Entrevista grabada en video, sobre la creación del Centro Universitario de la cárcel de Devoto, Argentina.
[7] Pueden verse actualmente en TV Cable (JAIL, NATGEO, etc.) e Internet, en horario de protección al menor, cantidad de programas sobre las cárceles privatizadas y estatales de U.S.A., donde incluso muestran el uso de gas pimienta, los disparos de armas de fuego, los bastonazos sobre los detenidos, el uso de pistolas eléctricas, etc.
[8] Paulo Freire, el teólogo de la liberación brasileño, pionero en el trabajo en las favelas, reconoció que incluso para ellos, los curas de la liberación de los oprimidos, hay algunos niveles de alienación, con los cuales no se puede trabajar, no están dispuestos algunos pocos alienados, a resistir la opresión, sino a acomodarse en ella y reproducirla en otros más débiles; en nuestro medio, los que regentean el negocio de la PASTA BASE y no están dispuestos a dejarlo, son un buen ejemplo de ello, también otros psicópatas de diverso género, uniformados o no.
[9] En nuestro medio, para el siglo XIX, brillantemente analizado por  J. P. Barrán:”Esta sociedad, esta cultura y este Estado eligieron,  para ejercer sus poderes respectivos, castigar al cuerpo antes que, … reprimir el alma, es decir, convencer al sojuzgado que ese es su rol, que está donde está –  el delincuente, en la cárcel, los sectores populares, en el trabajo, la mujer, en el hogar – porque debe estar para pagar su culpa original o disciplinar sus instintos “antisociales” (Historia de la sensibilidad en el Uruguay, Tomo 1, pág. 44, La Cultura “Bárbara” 1800-1860, Ediciones de la Banda Oriental, Facultad de Humanidades y Ciencias.   
[10] Benjamín Franklin, ante la presión de los gobernadores de los estados sureños, afectados por los rebeldes luego de la guerra civil, con alto crecimiento de los delitos de rapiña y muerte en la campaña,  en la sesión del Senado de la Unión donde le exigían la pena de muerte sumaria y sin trámite para casi todos los delitos (linchamientos).
[11] José Gervasio Artigas, Oficio al Cabildo de Montevideo, 9 de Julio de 1815.
[12] Miguel Hernández, Las Cárceles.
[13] José Hernández, La Vuelta de Martín Fierro.
[14] En todo el Uruguay, disponemos de sesenta y seis mil docentes de todos los niveles, en el presente año 2012, según estadística del MEC.
[15] Artículo 13 de la Constitución del Uruguay.
[16] Henry David Thoreau, 1846, La desobediencia civil, escrita cuando lo llevaron a prisión por negarse a pagar impuestos en oposición a la guerra de EEUU con México y por la esclavitud.
[17] Monseñor Arnulfo Romero, obispo de El Salvador, asesinado por los escuadrones de la muerte militares.  Hace pocos años, los criminales que lo mataron, fueron canjeados por el Vaticano, de modo que entregó el Vaticano al militar presidente de Panamá, Noriega, asilado en dicha sede diplomática en Panamá huyendo de los norteamericanos, a cambio del juzgamiento de los autores del “caso Romero”.  Ello resalta el diferente criterio del Vaticano, cuando encubre los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras sudamericanas, y la complicidad de su jerarquía en Argentina, Chile y otros.
[18] J. J. Rouseau, leído también por Artigas: “el poder del pueblo no se delega, solo se extienden mandatos”.



















R.R. es uno más de "los privados de libertad" en los saturados "Centros de Rehabilitación" del Uruguay de hoy, aunque el Sr. Ministro del Interior refute al Comisionado Parlamentario acerca del número "tolerable" de personas en situación de hacinamiento.

Pero R.R. es también uno menos para conscientizar acerca de sus posibilidades de generar otra manera de vivir, de hacer y de ser en el mundo. A la vista está. Ha concluido sus estudios secundarios y, en espera de que las Autoridades y la Udelar decidan instaurar un real régimen de estudios universitarios intramuros, se dedica a la investigación formal de temas que le y nos incumben.

No todo está perdido, ¿verdad? ¿O será que tiene razón Cortázar cuando dice "Nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo"? De nuevo, sí, como R.R., como muchos/as, como todos/as alguna vez en la Vida...