Las prácticas institucionales (visibles) de Violencia en Uruguay

DENUNCIA DE VECINOS 

Abuso policial en Santa Catalina 

Jueves 5 de Septiembre de 2013

Las denuncias de abuso policial se siguen sumando. En esta oportunidad, vecinos de Santa Catalina manifestaron haber sido víctimas de violencia en el marco de procedimientos policiales llevados adelante en los últimos días.

La información divulgada este jueves por La Diaria da cuenta de la reunión de vecinos de Santa Catalina con el objetivo de conversar acerca de las violentas intervenciones policiales en la zona. Según la crónica, el martes de madrugada policías de la dirección de Investigaciones (dependiente de Jefatura de Policía) y de Narcóticos (dependientes del Ministerio del Interior) llegaron al barrio y detuvieron a seis jóvenes. Los pusieron contra una camioneta Hyundai (que se identificaba, según los testimonios de los vecinos, con la matrícula SBJ 7406) y les pegaron golpes de puño, patadas y palazos. Algunos de los efectivos estaban identificados como policías, pero otros, que portaban ametralladoras, estaban de particular. No dijeron por qué detenían a los jóvenes. Liberaron a tres allí mismo y se llevaron a los otros, que fueron conducidos al sótano de la seccional 19, donde funciona Investigaciones. La crónica de La Diaria es estremecedora: desde que iban en la camioneta los tres jóvenes fueron golpeados e insultados, pero uno de ellos, que les increpó el modo en que actuaban, terminó tirado en el piso. Le pisaron la cabeza y le dieron culatazos en la nuca. Le dijeron puto, llorón y bocón, lo golpearon en el pecho con la culata del arma y lo arrastraron hasta la seccional (el golpe en el pecho lo había dejado sin aire y no podía caminar). Cada uno fue a parar a un calabozo diferente. Fueron desnudados, humillados y amenazados. Se les hizo creer que serían acusados de vender droga y de portar armas.

El martes, dos jóvenes pintaban un grafiti contra el abuso policial en el barrio cuando llegaron policías de la seccional 24 y de la Guardia Republicana. Los jóvenes se refugiaron en casa de un vecino y los agentes trataron de entrar, sin orden, a buscarlos. El vecino no lo permitió.

El miércoles se improvisó una reunión en Santa Catalina para hablar del asunto. Se comentaban los testimonios de los jóvenes llevados a la 19, que habían sido liberados a la mañana siguiente, luego de hacerles firmar una declaración que no pudieron leer.

Uno de estos jóvenes, acompañado por sus familiares, fue a hacer la denuncia al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, pero no lo dejaron entrar hasta que se presentó un abogado. Recién entonces lo vio una médica forense y se hizo efectiva la denuncia. Por otra parte, Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) también denunció el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Recientemente, el Instituto Nacional de la Juventud, el Mides y el Ministerio del Interior pusieron a disposición de la población un manual que enseña a los jóvenes cómo actuar en caso de ser detenidos. Tal vez habría sido más productivo hacer llegar a los efectivos de seguridad algunos ejemplares de la Constitución de la República y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Vecinos de Santa Catalina preocupados por el abuso policial. 

Basta de Abuso Policial

Los vecinos y vecinas de Santa Catalina ante reiterados procedimientos irregulares del Ministerio del Interior en el barrio queremos expresar nuestra preocupación.

Padres y vecinos hemos constatado en este último tiempo un permanente hostigamiento a los jóvenes del barrio por parte de la policía, en ninguno de estos casos se constató una denuncia real de algún ilícito.

En la noche de ayer se efectuó un procedimiento supuestamente de investigaciones, contra un grupo de jóvenes que se encontraban en una esquina del barrio donde habitualmente se reúnen.

Cinco policías sin identificación, vestidos de civil y en una camioneta también sin identificación del Ministerio del Interior arremetieron armas en mano contra los jóvenes, procediendo sin mediar hecho alguno a insultar y agredir físicamente a los que allí se encontraban. Tres de ellos fueron arrestados manteniéndose esa situación de violencia toda la noche. Especialmente se ensañaron con uno de ellos que cometió el "desacato " de preguntar por qué lo detenían y de protestar por los golpes que recibía. Este joven fue arrestado sin haber sido revisado y sin habérsele pedido la documentación, fue hostigado durante toda la noche siendo insultado, golpeado y amenazado, obligándolo a firmar una declaración que no se le permitió leer bajo amenaza de volver a golpearlo.

Ante estos hechos los involucrados y sus familias han presentado la correspondiente denuncia ante la justicia.

Convocamos a una asamblea abierta en la terminal de Santa Catalina mañana miércoles a las 20:00 hs. para informar a los vecinos y protestar por el abuso policial.

Carne de cañón 

Vecinos de Santa Catalina denuncian una sucesión de abusos policiales.

En una pared de una casa frente a la terminal de ómnibus del barrio Santa Catalina hay una leyenda: “No al abuso policial”. Las letras están dibujadas pero sin rellenar. No hubo tiempo. En el momento de la pintada llegaron policías de la Seccional 24 y de la Guardia Republicana. Pretendieron ingresar a la casa de alguien sin orden judicial, un vecino que le había dado refugio a dos jóvenes que hacían los grafitis. Tuvieron la mala suerte de que el vecino conocía sus derechos.

Las pintadas tienen una historia un poco más larga, pero un desencadenante principal. El martes de madrugada, policías de la dirección de Investigaciones, dependiente de Jefatura de Policía, y de Narcóticos, dependientes del Ministerio del Interior, llegaron al lugar. Algunos estaban identificados con chalecos, pero otros iban de particular y llevaban ametralladoras. Detuvieron a seis jóvenes en el barrio y los pusieron contra una camioneta Hyundai, según los vecinos, matriculada SBJ 7406. Les pegaron golpes de puño, patadas y palazos. No se identificaron ni dieron razones para el arresto. A tres los dejaron libres en el lugar. A los otros tres los llevaron al sótano de la seccional 19, donde funciona Investigaciones. Desde el principio los golpearon y los insultaron. Con uno de ellos se ensañaron, porque les dijo que no podían actuar de esa manera. Lo tiraron en el piso de la camioneta, le pisaron la cabeza y le dieron culatazos en la nuca. Le dijeron puto, llorón, bocón. Uno de ellos le pegó un culatazo en el pecho que lo dejó sin aire, y como no podía caminar, lo llevaron arrastrando hasta la seccional. “Así se llevaban a los presos en dictadura”, dijo un vecino que había asistido ayer de noche a la asamblea improvisada que se realizó en la terminal de Santa Catalina para difundir los abusos.

En la seccional, pusieron a los tres en calabozos diferentes. Los desnudaron, los hicieron agacharse, le dijeron al que más golpearon: “Te vamos a coger”. El interrogatorio fue una burla. “Vos vendés [droga]?”, le preguntaron a uno de ellos. “No”, contestó. “Bueno, ahora vendés”, le dijeron, y le patearon las costillas. “¿Vos te chupás la pija?”, le preguntó otro de ellos al mismo joven. “Te vamos a meter un 357. Acá mandamos nosotros”, le decían, haciendo referencia a que lo iban a incriminar de portar un arma.

Desde el oeste

Los vecinos presentes ayer en la asamblea de Santa Catalina eran de todas las edades; hombres, mujeres, ancianas y hasta bebés. Los que presenciaron los hechos aseguran que los policías estaban drogados. “Cada vez que te veamos en la calle, palo y al calabozo, porque acá mandamos nosotros”, los amenazaban. Ellos mismos pateaban las puertas y cuando los golpeaban les decían que era porque uno de sus compañeros había pateado la puerta.

Los soltaron de mañana, luego de hacerles firmar una declaración que no les dejaron leer, porque los estaban golpeando continuamente. Uno de ellos, al que más le pegaron, fue a hacer la denuncia junto con su familia. Cuando llegaron al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, no los querían dejar entrar. Les pedían un papel de la comisaría, les decían que fueran a Salud Pública. Sólo los dejaron entrar cuando fueron acompañados por un abogado. Allí el joven fue visto por una médica forense y realizó la denuncia. También denunció el hecho en el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Las pintadas del martes de noche fueron una protesta. Los policías querían arrestar a toda costa a quienes las hicieron y pretendían ingresar en la casa de un vecino sin orden de allanamiento. Los vecinos filmaron el procedimiento y los policías les dijeron que estaba prohibido captar imágenes de un procedimiento policial. Insultaban a los vecinos, les decían “ignorantes”. El dueño de casa les advirtió que iba a hacer una denuncia judicial por violación de domicilio, y entonces desistieron de ingresar a la vivienda. Antes de irse, detuvieron a tres jóvenes que estaban en la terminal, según los vecinos sin hacer nada, y golpearon a otro.

“Se está violando la Constitución y los derechos humanos”, afirmaba ayer en Santa Catalina el padre del joven golpeado. Se iba a hacer una asamblea, pero fue innecesario porque todos se conocían. Se quedaron conversando en grupos y con algunos medios de prensa que se acercaron al lugar.

Dicen que el barrio es tranquilo, y que muchos duermen con la puerta abierta. Los jóvenes se juntan en las esquinas de noche, y a veces el ruido molesta a los vecinos, que sin embargo estaban ayer presentes en la asamblea, en silencio, como respaldo y para marcar un límite que no debería transgredirse.

Como antes, como ahora 

Escrito por: Eliana Gilet 

Desbordes policiales

Siguen y –probablemente continúen– las detenciones intempestivas de “presuntos sediciosos”. Se denunciaron los hechos ante la inddhh. El ministro anunció una investigación pero Asuntos Internos no ha recibido órdenes en tal sentido. Una categoría de dudosa constitucionalidad, la detención por averiguaciones, estaría habilitando los desbordes. 

Cinco días después de haber sido detenida junto a los otros 11, a la doceava la llamaron a su celular desde la Dirección Nacional de Migraciones*. Le comunicaron que el trámite de residencia que había iniciado estaba listo y que tenía que presentarse. Presurosa, agarró la bicicleta, saludó a los amigos con los que estaba y salió. No volverían a saber de ella hasta entrada la madrugada del viernes 30. A las pocas cuadras fue interceptada por efectivos policiales de particular en un auto blanco, detenida sin mediar palabra ni explicación y conducida a la Comisaría de la Mujer, en la calle San José. Eran cerca de las cuatro de la tarde. Allí fue desnudada y revisada por el personal femenino de la dependencia. Fue incomunicada y a nadie se avisó de su detención. 

Como las horas pasaban y no tenían noticias de ella, los amigos salieron a buscarla. Teniendo en mente los hechos del 24, se comunicaron con Pablo Ghirardo, el abogado que los había defendido entonces. Se dirigieron a la Jefatura de Policía, al Departamento de Operaciones Especiales. Habiéndose contactado con todas las dependencias policiales, les respondieron que no estaba detenida. 

Cerca de las dos de la madrugada, cuando finalmente supieron dónde estaba, su compañero fue a consultar a la mencionada comisaría. Preguntó cuál era el juzgado actuante y a qué hora la conducirían al mismo. Le dijeron que no sabían. 

A las ocho de la mañana del viernes, otra de las chicas también detenida el 24, salió hacia la parada, mate humeante en mano, rumbo al trabajo. Vio estacionado un auto blanco enfrente. Estando al tanto de la detención de la otra chica el día anterior, alcanzó a mandar un mensaje: “Si no te llamo en media hora, me detuvieron de nuevo”. Apuró el paso hacia la esquina, en donde había gente del barrio que la conocía. El auto estacionado se puso en marcha, la alcanzó, los agentes se bajaron, le preguntaron el nombre y la detuvieron frente a la mirada atónita de los vecinos del barrio y el mate recién hecho que volaba por los aires. Los vecinos quedaron protestando mientras el auto se alejaba con la detenida rumbo a la Comisaría de la Mujer.

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Mientras tanto, el abogado se dirigía al juzgado de turno, pero ninguno de los jueces manifestó estar a cargo de la causa. Ghirardo fue entonces a la Dirección de Inteligencia, donde el comisario Pires le informó que las dos detenidas estaban a disposición del Juzgado Penal de 16° Turno, a cargo de Julia Staricco. 

Pasadas las dos de la tarde del viernes, fueron llevadas al juzgado de la calle Misiones, donde tomaron contacto por primera vez con Ghirardo y con Gustavo Salle, quien ofició de defensor. Se las indagó sobre su presencia en la marcha del 14. A las dos se les mostraron videos y fotografías adjuntos en el informe que Inteligencia presentó en la sede. A la primera detenida le mostraron una foto de una mujer con la cara cubierta que estaba tirando una piedra. Ella negó ser la persona fotografiada. A la otra chica, un video en que se ve a una muchacha con la cara descubierta, que tiene una cámara de fotos y un trípode. La segunda reconoce que fue a la marcha, pero que no llevó una cámara. Muestra una cicatriz que tiene en la cara, producto de una quemadura de la infancia. La de las imágenes no la tiene. Les pide que comparen las piernas, incluso, “ven que la muchacha de la foto es mucho más flaca que yo”. 

No pudiendo comprobarse que las detenidas fueran efectivamente las que estaban en las fotos y videos, fueron liberadas cerca de las seis de la tarde.

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Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, indicó que las dos muchachas fueron detenidas por orden de la jueza Staricco. Sin embargo, Salle declaró que en el auto de procesamiento de la causa del 14 no consta por escrito la orden de la jueza. “Una vez que hay un proceso en curso, y en la medida que el proceso es escritural, para el abogado es importante cualquier resolución de la jueza. El auto de procesamiento es el que indica el surgimiento de la relación procesal penal y el que establece también futuros pasos. No encontramos ahí ninguna indicación de la prosecución de la investigación”, afirmó. Sin embargo, la jueza confirmó al abogado haber dado verbalmente la autorización de las investigaciones en torno a otros posibles partícipes. 

Brecha le preguntó a Oxandabarat si para ser interrogadas lo que correspondía no era una citación al juzgado, a lo que respondió que “depende de lo que estemos hablando; en este caso los elementos apuntaban a que éstas eran las personas que podían ser las responsables, por lo que la jueza dispuso la detención”. Sin embargo, según Salle, “la detención es totalmente ilegítima, primero que no hay orden escrita del juez, como lo establece la ley, y en segundo lugar, porque los elementos que tenían para la detención eran absolutamente imperfectos y nada podía comprobar que se tratara de personas consumando hechos criminales. Por supuesto que es un exceso”. 

Oxandabarat declinó dar más detalles acerca de la actuación judicial porque el caso se encuentra en presumario y “se corre riesgo de perder la prueba”. Pero afirmó que “todavía hay imágenes audiovisuales que están en poder de la justicia y la Policía, que van a seguir analizándose a ver si se consigue dar con alguno de los autores de esos desbordes”. Es altamente probable que continúen las detenciones.

Ghirardo comentó a Brecha que esta semana radicó una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, tanto por las detenciones del 24 de agosto como por las que se relatan en esta nota. Juan Faroppa, uno de los directores de la institución, indicó que se aprestan ahora a solicitar información al Departamento de Asuntos Internos del Ministerio del Interior –mi– y también a recibir a los muchachos detenidos para que aporten su testimonio.

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Brecha continuó esta semana realizando múltiples gestiones para obtener respuestas del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Desde la unidad de comunicación del mi se indicó que no daría ninguna entrevista, por lo que Brecha concurrió a la sesión de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, donde se haría presente. 

Terminada la reunión, se instaló una rueda de prensa para los canales de televisión. A continuación se transcribe el intercambio con el ministro en esa instancia:

—¿Usted estaba al tanto de que se iban a realizar detenciones tanto el 24 como el jueves siguiente? ¿Quién dictaminó esas detenciones?

—No sé. Ya le digo que había elementos de lo que podía pasar. Hay dos formas en una marcha de estas características, o se espera que se dé un problema y después se actúa sobre el problema, pero ya no se actúa sobre los que lo crearon sino sobre todos los que están alrededor, o se trata de evitar que se dé el problema. Evidentemente esa es la forma más efectiva.

—El viernes hubo otras dos detenciones y no había ninguna marcha en curso.

—Esa sí tiene que ver con la actuación judicial. Además yo no sé si usted está preguntando o está agrediendo con ese tono.

—Le estoy preguntando porque de hecho desde el ministerio no se ha dado ningún tipo de respuesta a detenciones que ha hecho inteligencia, a las denuncias que han realizado los detenidos…

—Yo le he dicho que se mandó una investigación y hasta que no se tengan resultados de la investigación no va a haber ninguna opinión. Esto que yo he dicho ahora ya lo había dicho. 

—¿Quién ordenó las detenciones?

—Está en investigación.

—¿Usted estaba en conocimiento que se iba a detener gente?

—Ya le respondí, no sé si usted entendió que ya le respondí.

—No recibí la respuesta de si usted estaba en conocimiento o no que se iba a detener gente

—Ya le respondí, escuche lo que tiene grabado y va a ver que ya le respondí

—¿Usted avaló esas detenciones, entonces?

—Escuche lo que tiene grabado y va a ver que ya le respondí. Quizás no prestó atención porque está un poquito enojada. Preguntando enojada no es la mejor forma de entenderse.

Terminada la conferencia, Brecha volvió a acercarse al ministro.

—Ministro, ¿no va a dar explicaciones sobre la actuación de inteligencia?

—Ya te las di.

—¿Pero usted sabía que iba a haber detenciones?

—Ya te dije que no, ya te dije que no.

—¿Y quién lo definió entonces?

—Ya te lo dije.

Y se retiró.

Este semanario consultó a Estela González, directora de Asuntos Internos, sobre la investigación mencionada por el ministro: “Nosotros no hemos tenido noticia de lo acontecido, salvo por la prensa y lo que ha declarado el ministro. Supongo que la investigación a la que se refiere es la urgente, prevista en el artículo 500, mediante la cual la unidad que efectuó los procedimientos informa a su superior jerárquico, pero no lo sé con certeza”, comentó.

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Según explicó Luis Pedernera, integrante del Ielsur, la Constitución establece pautas claras para la detención de una personas (in fraganti delito, con semiplena prueba, con orden del juez). El Código del Proceso Penal también prevé una situación conocida como “flagrancia impropia”. Algo así como que si hubo un robo con un boquete y la Policía intercepta a alguien con una pala y un pico, puede detenerla. En ambos casos, la detención necesariamente debe darse una vez cometido un delito y no antes. 

La ley de procedimiento policial de 2008 agregó una tercera forma, la detención por averiguaciones. Si al parar a una persona y pedirle identificación, la Policía duda de la veracidad de la misma, puede conducir al detenido a la comisaría con el fin de comprobar la identidad y la existencia de requerimientos. Por eso desde el Ielsur se denuncia que “esto es inconstitucional, porque no está sometido al control jurisdiccional. En la democracia, en el Estado de derecho, el contralor y el apego a las garantías constitucionales es ejercido por el Poder Judicial”. Se aclara, además, que la figura del “conducido” no existe judicialmente. “Esta ley invierte el proceso: primero la detención y luego el aviso al juez –explican–. Está en la línea de la legislación antiterrorista surgida después del 11 de setiembre. Lo que hasta ese momento se entendía como excepción para las detenciones, pasa a convertirse en regla.”

Lo que aparece como preocupante, además, es la discrecionalidad para detener a alguien que esta ley le otorga al cuerpo policial. “Como lo plantea el criminólogo abolicionista noruego Nils Chistie, el peor peligro de la lucha contra la delincuencia es el avance hacia una sociedad cada vez más totalitaria”, concluyen. 

Polémicas actuaciones policiales

Cronología

1-V-12. Denunciantes de delitos cometidos durante la última dictadura son citados al Departamento de Operaciones Especiales (doe) a efectos de ratificar sus denuncias. Algunos de ellos señalaron que en varios casos “se los presionó para que desistieran” de la denuncia, entre otras irregularidades.

21-XI-12. La Policía solicitó ingresar a un local del ps en el barrio Marconi. Pero según Gonzalo Civila, secretario político de esa organización en Montevideo, “además de revolver todo el local (…) insultaron y apuntaron con sus armas a todos los presentes”. El ps denunció ante Asuntos Internos lo que consideraron “un acto de brutalidad y abuso policial”. No se conocen conclusiones de la investigación.

15/16-IV-13. Los fotógrafos Santiago Mazzarovich e Iván Franco, que habían cubierto los incidentes durante el traslado de la jueza Mariana Mota, fueron citados a declarar en calidad de indagados, el primero por teléfono y el segundo en la calle.

14-VIII-13. Durante la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles la Guardia Republicana disparó balas de goma contra un grupo de periodistas. La fotógrafa Lucía Melgarejo resultó herida y presentó la denuncia ante la Seccional 3ª. La Republicana tiró también sobre la multitud.

24-VIII-13. Doce jóvenes que se preparaban para concurrir a la marcha que recuerda el episodio del hospital Filtro son detenidos por policías de civil que los conducen a Jefatura donde permanecerán detenidos cinco horas. Los detenidos denuncian haber sido amenazados de modo infame, además de desnudados. 

El túnel del tiempo

Por Samuel Blixen

La sensación es un tanto escalofriante: viajar en un túnel del tiempo para mirar –desde un puesto de observación inmaterial, sin compromisos, tal como lo hace el periodismo “objetivo”– a las víctimas de ayer de la represión policial. El túnel nos ubica en las calles de Montevideo, en agosto de 1968, cuando la indignación estudiantil por el allanamiento a la Universidad de la República y el pisoteo de su autonomía se transforma en una ráfaga de manifestaciones “relámpago”, que enfrentan a pedradas a la Policía. En una de ellas, el lunes 12, en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria, desde un jeep policial, el oficial Enrique Tegiachi hace fuego contra un grupo de jóvenes. Líber Arce, estudiante de Odontología, cae herido, desangrándose mientras los policías, a punta de revólver, exigen documentos de identidad. Líber Arce muere el miércoles 14, y su entierro congrega a más de 250 mil personas. Entre quienes acompañan el féretro por las calles de la ciudad está el estudiante de preparatorios Eduardo Bonomi.

Un salto hacia adelante en el túnel del tiempo: el estudiante de Veterinaria de cuarto año Eduardo Bonomi es detenido por el Ejército a fines de junio de 1972. En el cuartel del 13 de Infantería sufre el mismo tratamiento que los demás prisioneros: plantón, golpes, tacho, picana, y las habituales amenazas de muerte y de violación. Un salto sin fecha definida: el preso 791 Eduardo Bonomi elabora, a lo largo de los años de reclusión en la cárcel de Libertad, la concepción militante que después se expresará en una “tendencia proletaria” dentro del Movimiento de Liberación Nacional, en la fase legal que comienza en 1985. El túnel permite registrar las políticas represivas del presidente Julio María Sanguinetti al final de su mandato, en 1988-1989, y observar cómo, a partir de la preocupación de múltiples organizaciones sociales, el dirigente tupamaro Eduardo Bonomi impulsa la Coordinadora Anti Razzias, que despliega una consigna tan veraz como eficaz: “Ser joven no es delito”. El 24 agosto de 1994 el túnel del tiempo muestra una tensa reunión de la Mesa Política del Frente Amplio. Se discute la extradición de tres ciudadanos vascos cuya huelga de hambre motiva la solidaridad de uruguayos que hacen vigilia frente al hospital Filtro. El delegado del mln en la dirección del fa Eduardo Bonomi insiste en que las máximas autoridades del Frente Amplio, el general Seregni, el contador Astori y el doctor Tabaré Vázquez deben estar presentes en la manifestación convocada para esa noche. Bonomi también está presente en las inmediaciones del Filtro cuando se desata la represión policial.

Con esa capacidad de rebobinar, condición esencial de todos los túneles del tiempo, éste te trae al presente, cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, implícitamente respalda la orden de disparar balas de goma contra los manifestantes en el Día de los Mártires Estudiantiles, el 14 de agosto, de infiltrar la marcha que conmemora los incidentes del hospital Filtro, el 24 de agosto, de detener jóvenes en “prevención”, de torturar a esos detenidos en la Jefatura, de castigarlos y de amenazarlos con violarlos y matarlos. En un lastimoso remake de Jorge Pacheco Areco, que sabía cómo hacerlo y podía volver a hacerlo, el ministro Bonomi respondió a las críticas del pvp, del Partido Comunista y del Partido Socialista (los de ahora, no los de 1968, que por cierto también expresaron su condena por la represión de entonces revelando coherencia) con allanamientos nocturnos y desmanes policiales en el barrio Santa Catalina, donde los jóvenes fueron reprimidos por ser jóvenes. Como dijo uno de los padres, los pibes son hijos de laburantes, no son delincuentes, pero aunque lo fueran, no corresponde ese tipo de represión y prepotencia; un concepto que ha distinguido a la izquierda desde siempre.

Al ministro Bonomi no le agradó –y lo hizo saber– la forma en que la periodista de Brecha Eliana Gilet insistía en saber si él, el ministro, había dado la orden de detener a los jóvenes que –subrayar el detalle– iban a participar en la marcha del sábado 24 de agosto. Al cierre de esta edición, las declaraciones de la Juventud Socialista, de la Juventud Comunista y del pvp, repudiando la política policial de detener para amedrentar y de infiltrar manifestaciones y organizaciones, eran las únicas expresiones políticas de los grupos del Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular, que integra el ministro Bonomi, mantenía un prudente silencio. Sus dirigentes se excusaban de opinar, aunque, informalmente, off the record, en confianza, algunos de ellos admitían la barbaridad de las prácticas policiales y el perjuicio político que debía pagar el mpp.

Nadie ha salido a respaldar al ministro Bonomi por estos acontecimientos, salvo la jueza penal Julia Elena Staricco, quien, absteniéndose de actuar de oficio frente a las denuncias de maltrato y torturas, justificó las infiltraciones y le dio un barniz de legalidad a las barbaridades explicando que ella, en tanto magistrada, estaba al tanto de los acontecimientos. 

El esquema es insólito: si los legisladores del Frente Amplio fueran coherentes con su historia, la permanencia del ministro Bonomi al frente de la cartera del Interior merecería una interpelación. Pero eso es algo que nunca se verá, el partido de gobierno censurando a uno de sus ministros. Tampoco es factible que el tema Bonomi sea objeto de un análisis en la agrupación de gobierno de las bancadas frenteamplistas.

Por tanto, nadie le preguntará al ministro Eduardo Bonomi: ¿Usted está de acuerdo con esas prácticas policiales? Nadie va a aceptar públicamente que está de acuerdo con la tortura y las amenazas de violación y muerte; ni siquiera los violadores y asesinos de la dictadura, totalmente jugados y blindados por la impunidad. No habrá respuesta pública, pero sí hay elementos para juzgar: si no está de acuerdo, el ministro Bonomi tendría que haber adoptado ya medidas drásticas y ejemplarizantes. Que se sepa, no hay sanciones. 

“¿Ustedes quieren saber lo que es el abuso policial?”

Escrito por: Mariana Contreras

Fue en la esquina de Pensamiento y Roncadera, en el barrio Santa Catalina. En la noche del lunes, pasadas las 12, un grupo de amigos estaba hablando y tomando un vino en la calle cuando una camioneta blanca sin identificación alguna estacionó frente a ellos. Cuatro policías de civil bajaron “fuertemente armados” y, apuntando con sus armas largas hacia los jóvenes, “comenzaron a gritar: ‘¡Detenidos, contra la camioneta! ¡Detenidos!’”. En medio de la sorpresa y el nerviosismo, el mayor, de 24 años, apenas atinó a preguntar: “¿Por qué me detienen?”. La simple pregunta fue el disparador de la primera serie de patadas, piñas, pisotones, que se repetirían cuando el muchacho alcanzó a gritar a una vecina: “¡Avisale a mi madre!”, y que presagiaban la larga noche que comenzaba. Ya dentro de la camioneta, y con el joven esposado, los policías confiscaron su celular al detectar que había podido enviar un escueto sms informando la situación. Los agentes leyeron en voz alta ese y otros mensajes personales, y entre risotadas y burlas (“llorón, estás grande para llamar a mamá”) volvieron a pegarle. “Te vamos a meter una 357”, “te vamos a coger”, “acá mandamos nosotros”, “no hagás trompita”, fueron algunos de los divertimentos verbales de los hombres de la ley.  Afuera, dos de sus compañeros eran esposados y amedrentados pasándoles las armas por la cara y, junto con el primero, trasladados en la camioneta hacia la Seccional 19.

“Ahora, cuando te vas, vas a quedarte quieto. No vas a decir nada”, avisaron. “No hicimos nada”, contestó el mayor. “Entonces, el que iba a mi lado me pegó un codazo en el pecho que me dejó sin aire y en el piso”, cuenta el joven. “Nadie te pegó”, le gritó el policía mientras ponía su pie sobre la cara del chiquilín, que viajó todo el trayecto tirado, recibiendo más golpes, y que luego fue arrastrado desde la camioneta hasta el local de la seccional.

OTRA VEZ. “Vos sos el que vendés”, le informaron los policías al mismo joven, ya en el local de la Seccional 19 (en La Teja), amenazándolo con endilgarle algún delito por drogas. Allí permanecieron toda la noche, cada uno en una celda, incomunicados, hasta que a las 9 de la mañana del martes fueron puestos en libertad, obligándolos antes a firmar una declaración que no pudieron leer. En el ínterin los policías volvieron a pegarle en reiteradas oportunidades.

A la salida de la comisaría, y dispuesto a hacer la denuncia, el primer detenido se dirigió junto con su familia al edificio de los juzgados penales, en Bartolomé Mitre. Pero cuando explicó a qué iba, arbitrariamente se le exigió “el papel de la comisaría” y se le impidió el paso. Debió volver, acompañado por integrantes del Ielsur, para finalmente radicar la denuncia en el juzgado de turno a cargo de Luis Charles. Ahora deberá esperar ser citado para ratificar la denuncia.

Pero la intervención policial no terminó allí. En la noche del martes, cuando un grupo de jóvenes pintaba “No al abuso policial” en los muros del barrio, cinco autos, tres motos y dos camionetas policiales desembarcaron nuevamente en Santa Catalina, pretendiendo disuadirlos de la pintada. Los jóvenes ingresaron a la casa de un vecino y comenzaron a filmar lo que sucedía. “¿Ustedes quieren saber lo que es el abuso policial?”, gritaba uno de los policías, mientras intentaba traspasar el portón del jardín. “Algunos estaban tan locos que entre ellos mismos se tranquilizaban”, dijeron a Brecha participantes del episodio. Del otro lado del portón, los adultos que estaban en la vuelta se plantaron firme pidiendo explicaciones y reclamando que pararan los abusos. El saldo de esa intervención fue de tres jóvenes detenidos, ninguno vinculado a las pintadas.

En Santa Catalina los adultos advierten que “esto no es nuevo” y que los procedimientos son muy similares a los de la época de las razias, sólo que “esto es el oeste” montevideano y la tradición organizativa de este pequeño barrio hizo que, en menos de 24 horas de sucedidos los hechos, toda la ciudad lo supiera. Ahora, motivados por lo que se vivió en esta semana, los vecinos acordaron con el Ielsur la realización de talleres para conocer sus derechos y cómo deben actuar en caso de que los abusos vuelvan a repetirse. 

La previa

El 9 de agosto varios policías de rostro cubierto llegaron al barrio y, presentándose como agentes de la División Narcóticos, procedieron a dar algunos golpes a un grupo de jóvenes e intentaron detener a varios de ellos. Eran las siete de la tarde y, al presenciar los hechos, unos cuantos vecinos salieron a reclamar motivos y señalar los abusos. Finalmente, la Policía optó por retirarse del lugar. 

Fuente: El Muerto III

El Estado desbocado

PUBLICADO el Lunes 9 de septiembre, 2013

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) cuestionaron los recientes operativos policiales, que culminaron con denuncias de abusos en dependencias policiales. Errores legislativos y de gestión del Ministerio del Interior fortalecen las bases de un “estado policial desbocado”, afirman.

La aprobación de la Ley de Procedimiento Policial y la construcción de políticas “más punitivas y represivas” mediante cambios en el Código Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), fortalecen las bases de un “estado policial desbocado”, donde se legitima “el castigo” como una herramienta para enfrentar la actual situación de seguridad, afirmaron Ielsur y Serpaj.

El Estado uruguayo viene desarrollando, al amparo de la Ley de Procedimientos Policiales (2008), “operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“La expansión de la vigilancia policial -simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina”, denuncia un comunicado conjunto de ambas organizaciones.

Varios jóvenes denunciaron recientemente ser víctimas de abusos y malos tratos en dependencias policiales, tras ser detenidos en procedimientos policiales. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, justificó los procedimientos por su carácter “preventivo”, pero adelantó el inició de una investigación interna ante posibles excesos en la actuación policial.

Empero, Serpaj e Ielsur consideraron que los casos de abusos están estrechamente vinculados con la aprobación de la Ley de Procedimiento Policial, e insistieron en que los hechos “se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas”, como las reformas del Código Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA).

“Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo. Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva”, destacaron las organizaciones.

En esta línea, las medidas adoptadas por las autoridades estatales “sólo refuerzan e instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y por ende, del castigo. Controlar a los ‘peligrosos’, contribuye –junto a otros factores- a sostener el discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad, donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos en contra de ellos (los otros)”.

“Esta lógica coloca a la víctima en el lugar del victimario, invirtiendo los papeles, convenciendo incluso a los victimarios como causantes de su desgracia, y por lo tanto, de la legitimidad de que se actué sobre ellos, para corregirlos y castigarlos”, aduce.

Ielsur y Serpaj destacaron la contradicción entre la aprobación de leyes de expansión de derechos para la ciudadanía, como la despenalización del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana, y por otro lado la criminalización de los grupos y poblaciones “más vulneradas”, en particular jóvenes y adolescentes. Ante esto, se reclama una reflexión sobre estos acontecimientos para evitar que “el Estado Policial se siga expandiendo".

De: Caras y Caretas

Comunicado Ielsur y Serpaj 

Comunicado de Prensa

Ante el aumento de la gradación de la violencia estatal en Procedimientos Policiales Amparado en la Ley de Procedimientos Policiales -aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando, operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. La expansión de la vigilancia policial -simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina. Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos.”Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo. Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva. Todos estos mecanismos solo refuerzan e instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y por ende, del castigo. Controlar a los“peligrosos”, contribuye –junto a otros factores- a sostener el discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad, donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos en contra de ellos (los otros).1

Esta lógica coloca a la víctima en el lugar del victimario, invirtiendo los papeles, convenciendo incluso a los victimarios como causantes de su desgracia, y por lo tanto, de la legitimidad que se actué sobre ellos, para corregirlos y castigarlos

La construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr esto no se debería aplicar una política de amortiguación. Por un lado se aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos (despenalización del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y jóvenes).Convocamos a la reflexión y discusión de todos estos acontecimientos. De ello dependerá de que nos acerquemos a un Estado Social, evitando que el Estado Policial se siga expandiendo.

Instituto de Estudios Legales y Sociales - Servicio Paz y Justicia-Uruguay

1 ZAFFARONI, Raúl, La mujer y el Poder Punitivo, en Vigiladas y Castigadas, Seminario Regional “Normatividad Penal y Mujer en América Latina y el Caribe”, Comité Latinoamericano para la Defensa delos Derechos de la Mujer CLADEM, Lima, 1993, en: Revista de Pensamiento Penal, Pág. 10