Ayer fue el Día Mundial de la Prevención contra el Abuso Sexual
Infantil y en ese marco el organismo internacional, Ecpat, (sigla que traducida
significa terminar con la prostitución infantil, el tráfico y el turismo sexual
en Asia), hará público un informe de esta cruda realidad a nivel mundial,
apoyado por la Cumbre Mundial de la Mujer y el Fondo para la Dignidad de los
Niños.
Este es el Año Interamericano
del Niño, en el que se pone énfasis en activar estrategias para terminar con la
impunidad del abuso sexual, como una de las formas de maltrato de los niños que
ha estado por más tiempo relegado y escondido y no suele convocar la atención
en las agendas sociales y políticas de los países.
Gabriela Fulco, integrante de la
organización Casa de los Niños, que tiene por objetivo la rehabilitación de
niños que han sido víctimas de estas aberrantes prácticas y que incluso fueron
forzados a ejercer la prostitución, explicó que se está desarrollando una
campaña que reconoce dos grandes categorías de abuso.
Uno de los aspectos en que se
analiza el problema es el abuso comercial, que contempla actividades como
prostitución infantil, la pornografía y la venta y tráfico de niños con fines
de lucro.
El otro problema refiere al
abuso sexual no comercial, categoría que comprende diversas formas de violencia
intrafamiliar y del entorno del niño.
De
acuerdo a lo informado por la especialista a LA REPUBLICA, estas dos grandes categorías de abuso
registraron un notable incremento en los últimos cinco años a nivel mundial.
Con respecto a la situación de
Uruguay, es preocupante el número de casos registrados a nivel intrafamiliar,
que son los que suelen conocerse.
Además, existe la presunción de
la existencia de la prostitución infantil en nuestro país, aunque no existen
investigaciones para determinar la magnitud de este fenómeno.
Evitar revictimación
Fulco desarrolla
un minucioso trabajo de detección del abuso sexual infantil en el Centro de
Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, dependiente del Ministerio del
Interior y el tratamiento, en Casa de los Niños.
La organización
se inauguró este año, como respuesta a la necesidad de progresar más allá del
asistencialismo estatal que procura interrumpir el fenómeno pero no las causas,
que pueden originarse en el alcoholismo, la drogadicción, las conductas suicidas,
las delincuencias y el trastorno psicopatológico.
Fulco dijo que
un tema acuciante es la estadística de abuso sexual infrafamiliar provocada por
padres, padrastros, tíos y abuelos. La organización detecta promedialmente tres
casos semanales y el ciclo escolar es considerado un foco privilegiado para la
captación de estos hechos. Gabriela Fusco enfatizó en la necesidad de cambiar
el sistema judicial, como “amigos de los niños” y evitar la revictimización en
la etapa judicial y propuso impulsar un programa específico para los
abusadores, teniendo en cuenta la reincidencia segura de estos delitos.
1) DE MENOR A MAYOR
ONG reactivará en el Parlamento
proyectos de ley sobre abuso sexual discutidos en 2008, y cuestiona a Orrico
por su oposición.
La organización Infancia y
Adolescencia Ciudadana (Iaci) impulsará nuevamente varios proyectos de ley que
buscan regular judicialmente los casos de abuso sexual.
El más controvertido fue el de modificación del Código de la Niñez
y la Adolescencia que se aprobó por unanimidad en Senadores en 2008 pero
naufragó en Diputados.
La abogada de Iaci, Diana
González, acusa al actual presidente de la cámara baja, Jorge Orrico (Asamblea
Uruguay, Frente Amplio) de haber sido el principal opositor a la iniciativa
desde su banca, y lo vinculó con la defensa de un hombre denunciado por abuso.
El legislador negó haber oficiado como abogado en ese expediente y
aseguró que se enteró del caso ante un planteo que recibió en el Parlamento.
El caso de abuso sexual a dos
niñas de la localidad de Ecilda Paullier (ver
http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/4/infierno-grande/), en el departamento de
San José, dejó al descubierto los problemas que como sociedad tenemos para
enfrentar este tipo de casos.
Dificultades tanto en el procedimiento judicial y policial en la
denuncia del caso, como en la forma en que la comunidad y los gobernantes
locales afrontaron el tema. Por ejemplo, de acuerdo a lo que informó al
programa radial No toquen nada el secretario de la Junta Local de Ecilda
Paullier, Carlos Castro, era más importante hablar del queso más grande del mundo
-récord que le pertenece a la localidad- que del caso de abuso a dos niñas (ver
recuadro).
Además, en el ámbito judicial el caso también presentó algunos
inconvenientes que fueron denunciados por Iaci, como la realización de
preguntas inadecuadas a las niñas por parte de la jueza, y otros que tuvieron
que ver con la forma en que se planteó el procedimiento, como el enfrentamiento
entre las niñas y el abusador en salas de espera del juzgado, y las
dificultades para cumplir con las medidas cautelares.
El caso
La situación que se vivió en Ecilda Paullier continúa su trámite
en el ámbito judicial. Según explicó González, el juez del caso dispuso un
embargo de los bienes del hogar en beneficio de las niñas y se inició una
demanda para la retribución económica por los daños generados.
Según la abogada, en muy pocos casos de abuso se llega hasta esta
instancia y esperan que tenga una resolución favorable a las niñas. Además,
comentó que a partir de que el caso tuvo visibilidad pública, mejoró el
tratamiento hacia las niñas, por lo que se mostró satisfecha.
Por su parte, el edil frenteamplista Efraín Soto dijo a la diaria
que la bancada ingresará el tema a la Junta Departamental de San José a partir
de los dichos del secretario de la Junta Local de Ecilda Paullier.
La diputada socialista Daisy Tourné adelantó a la diaria que
buscará impulsar varios proyectos de ley que reglamenten más específicamente
cómo se actúa ante casos de abuso sexual, y algunos más concretamente dirigidos
hacia niños y adolescentes.
De acuerdo a lo que comentó la abogada de Iaci, Diana González, es
necesario regular específicamente el procedimiento para evitar vulneraciones
adicionales de derechos de niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos
también en ámbitos judiciales.
La ex legisladora del Frente Amplio Margarita Percovich -impulsora
de varias iniciativas que no llegaron a aprobarse-, indicó que se intenta
regular el abuso sexual a menores de edad desde hace mucho tiempo, pero siempre
se encuentran obstáculos en el Parlamento. Tanto González como Percovich
recordaron una discusión que dieron los legisladores en 2008 para generar una
modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia que introducía varios
cambios en el proceso de una denuncia de abuso sexual, que fue aprobada por
unanimidad en el Senado pero se trancó en Diputados, en medio de acusaciones
entre “machistas” y “feministas”, por el conflicto de intereses de algunos
legisladores, y hasta se cuestionó duramente el asesoramiento académico
recibido en aquel momento.
¿Derecho de quién?
Según González, el proyecto de ley que se debatió en 2008 -sobre
el que puede reeditarse su discusión ahora- únicamente aclaraba algunas etapas
del procedimiento judicial y policial en busca de garantizar derechos de los
denunciantes, “no porque la legislación actual no lo habilite”, sino porque es
un aspecto que queda a discreción de los jueces y policías que intervienen en
cada caso.
La abogada de Iaci recordó que uno de los aspectos que molestaban
a quienes se opusieron al proyecto fue que se cuestionaba el derecho a la
vivienda de los padres del niño, debido a que entre las medidas cautelares ante
una denuncia, buscaba establecer que fuera el mayor de edad el que debiera
alejarse de la casa y no el niño o adolescente. “En los casos en que se separa
al niño generalmente se lo interna, lo que supone una vulneración adicional de
sus derechos”, añadió.
Además, entendió que lo que está en cuestionamiento en estos casos
es el sentido de la patria potestad, porque no se consideran de la misma forma
los casos en que el denunciado no tiene dicha responsabilidad sobre la eventual
víctima. González añadió que algunos la consideran una potestad, pero en
realidad debe ser tenida en cuenta como una “prerrogativa de cuidados”.
En diálogo con la diaria, el doctor de la cátedra de Medicina
Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Hugo Rodríguez
-quien en 2008 asesoró a la comisión de Constitución, Códigos, Legislación
General y Administración de la Cámara de Representantes- comentó que debe
tenerse en cuenta que “los niños abusados no son los niños que un adulto dice
que son abusados, sino los que realmente sufren abuso”.
Además entendió que muchos casos
permanecen sin diagnóstico porque varios profesionales tienen la falsa creencia
de que los principales indicios se manifiestan en los genitales, “cuando la
mayoría de los niños abusados no tienen ni un solo signo en sus genitales”.
Rodríguez explicó que el
maltrato infantil se da en forma física, emocional, sexual y también en la
modalidad de “explotación manipuladora”, por ejemplo cuando una pareja se pelea
y una de las partes denuncia que el otro abusó de un niño o adolescente. “Eso
no es un niño abusado sino un niño que es manipulado y de esa forma pasa a ser
abusado”, añadió.
Consultado acerca del sistema
actual que rige este tipo de casos, indicó que como los signos de abuso deben
ser buscados en trastornos de conducta y de desarrollo, “es muy importante el
rol de los profesionales y depende del técnico que actúa lo bien que funcione
el sistema”.
Además entendió que “hay
técnicos bien entrenados y otros que no”, y que es malo cuando los casos son
juzgados por los medios de comunicación antes que por los jueces, y recordó
casos de personas linchadas por una noticia que se emitió en un informativo,
basada en la opinión de un técnico de un centro de salud que estimó que un
padre había abusado de su hijo cuando no era así.
El debido cuidado
Por su parte, Matilde Di
Lorenzo, integrante de la cátedra de Psiquiatría Infantil, entendió que las
denuncias por abuso sexual deben ser “adecuadamente evaluadas” antes de tomar
medidas que puedan ser traumáticas para los niños.
Sobre este punto consideró que “tan dañino es mantener al niño con
un adulto que abusa de él como acusar a un adulto que es referente del niño de
algo que no sucedió”, porque de esa forma se da “un quiebre en la estructura
familiar”.
Consultada acerca de las medidas de separación del niño y el
denunciado, consideró que depende de cada caso, y que también hay que ver la
forma en que se da esa separación, y remarcó la idea de que la evaluación que
se realiza sobre cada caso debe ser “seria y adecuada”.
Además, entendió que con el marco jurídico actual el tratamiento
que reciba cada caso “es muy variable” y las denuncias pueden venir a partir de
evaluaciones que se realizan desde diversos actores, que pueden ser ONG,
instituciones de salud o educativas, entre otras, lo que hace que se genere una
cadena de interrogatorios que pueden distorsionar el discurso del niño o
adolescente, que en estos casos es la única prueba del abuso.
Di Lorenzo explicó que cuando un
niño denuncia espontáneamente una situación de abuso, en 99% de los casos la
denuncia es cierta, siempre y cuando nadie haya intervenido con antelación.
Además consideró que hay otras
situaciones en las que habiendo existido una situación de abuso éstas no se
pueden determinar, debido a que “no hay indicadores o síntomas emocionales que
determinen la existencia de abusos”. “Si bien el perito puede decir que es
probable que el relato del niño sea cierto, cuando un relato es poco creíble
tampoco quiere decir que no haya existido abuso”, concluyó.
Consultada acerca de la probabilidad de que un niño sea inducido
por un adulto a denunciar falsamente una situación de abuso, la psiquiatra
estimó que si bien no cuenta con datos rigurosos, es una situación que se da
con “cierta frecuencia”.
Di Lorenzo explicó que las denuncias falsas pueden ser sin
intencionalidad -a partir de la interpretación del adulto sobre discursos del
niño o hechos- o con ella -por una voluntad expresa de manipular a un niño,
situación que es “menos frecuente”-.
En cuestión
González calificó de
“disparates” varias de las opiniones de los profesionales que asesoraron al
Parlamento, y recordó que cuando el Poder Judicial le pidió a los profesionales
que buscaran antecedentes de casos de abuso, recurrieron a las situaciones de
falsas denuncias en vez de a aquellas que no pudieron ser resueltas.
En ese sentido recordó la intervención de una psicóloga colombiana
llamada Isabel Cuadros, que contradijo varias de las intervenciones de los
profesionales uruguayos.
Por ejemplo, en 2008 Rodríguez había afirmado que en niños muy
pequeños la penetración en casos de abuso les produce la muerte, algo que fue
desmentido por Cuadros, quien añadió que hasta determinado momento de la vida
de las niñas, al romperse el himen, éste se vuelve a formar, por lo que eso no
se detecta en una pericia posterior.
Una fuente consultada por la diaria y que en 2008 se opuso al
proyecto de reforma del código, dijo que lo que está por detrás de la discusión
es que hay quienes promueven que no haya que probar las denuncias para actuar,
y afirmó que “dar por buenas esas denuncias sin que haya pruebas es otra forma
de maltrato infantil”.
A su vez, definió a quienes promueven los cambios como
“fundamentalistas”, y agregó que acusan de “pedófilos” a quienes piensan que
hay que probar la denuncia antes de que se establezcan algunas medidas.
En este sentido, ironizó con que una de las medidas que podrían
promoverse para evitar los abusos sea “matar a todos los hombres o cortarles el
pene”.
Asimismo, entendió que no es razonable que para promover los
derechos del niño “se pisoteen los de los adultos”, y rechazó que porque una
mujer denuncie a un hombre de abuso éste deba ser separado de su hijo porque si
la denuncia es cierta es “bárbaro”, pero si no, es “terrible”.
Por su parte, González entendió que hablar de denuncias falsas es
“temerario” porque “el abuso sexual es extremadamente difícil de probar en un
juicio”. “Confunden la verdad y la falsedad con los resultados de un juicio o
de un peritaje.
Un abuso que no da lugar a condena es solamente una denuncia que
no pudo ser probada. Se presume inocente al denunciado, no se lo declara
inocente. Sería muy soberbio de parte de la ciencia y del derecho diagnosticar
o sentenciar ‘la verdad’”, indicó.
La abogada agregó que desde 2002 en Uruguay se da el síndrome del “backlash”, por el cual
“movimientos de varones condenados por abuso en la Justicia penal alegan su
inocencia basándose en presuntas fantasías de los niños, falsas y
malintencionadas denuncias de las madres en conflictos de divorcio y corrupción
del aparato público de investigación policial”.
Otro de los argumentos a los que
recurren, según González, es al bajo porcentaje de mujeres que cometen abusos o
agresiones, para invisibilizar y relativizar la mayoría de los casos de abusos
de varones.
Un déjà vu
Desde Iaci señalan varios
problemas en la forma en que son tratados los casos de abuso en la Justicia, y
en particular los de niños, niñas y adolescentes, por lo que impulsarán varios
cambios, los que ya fueron promovidos y trancados varias veces. Según dijo su
presidenta, Alicia Deus, es necesario revisar en el Código Penal “la definición
de los delitos sexuales” porque ése es el ámbito en el que se define qué está
prohibido y los distintos niveles de gravedad.
En ese sentido, tanto Deus como
González hablaron de que la forma en que se utiliza el rótulo de “atentado
violento al pudor” muchas veces hace que no se sancione adecuadamente a los
culpables, lo que acarrea una vulneración de derechos en las víctimas.
En cuanto al proceso penal, desde Iaci se sostiene que en nuestro
país es un proceso “inquisitivo”, en el que en los casos de abuso la víctima es
un objeto de prueba, y el juez es el que dispone sobre ella.
Finalmente, a nivel del Código de la Niñez y la Adolescencia el
reclamo central es sobre las medidas de protección hacia los niños y
adolescentes que a partir de una denuncia puedan ser víctimas. Sobre este
punto, consideraron que es algo que ya pasa con la ley de violencia doméstica y
que no entienden por qué no se puede aplicar para menores de edad pero sí para
mayores.
Otros planteos son la prohibición de los careos y la realización
de una única pericia, y que para realizarse una segunda sea necesario el aval
del niño. Sobre este punto mencionaron el caso de un niño en cuyo tratamiento
judicial de la denuncia fue objeto de diez pericias.
Deus sostuvo que a diferencia de
otros casos, continuamente se ponen en duda los diagnósticos de los peritos
especializados en abuso.
Según la abogada, la mayoría de
las denuncias de abuso sexual que son tratadas en Iaci son archivadas y no
logra establecerse una decisión. A través del pedido de acceso a la información
pública, la diaria solicitó a la Dirección de los Servicios Administrativos del
Poder Judicial los datos sobre el curso de las denuncias sobre abuso sexual en
2011 y 2012, pero el pedido fue rechazado.
El argumento fue que la
información que el Poder Judicial está “obligado” a publicar ya se encuentra en
su sitio web y que los datos solicitados no estaban procesados.
Doble rol
De la discusión parlamentaria que se dio en 2008, Iaci recuerda
especialmente la oposición de Orrico, a quien recuerdan en un estado “fuera de
sí” al momento de argumentar en contra. Consultado por la diaria, Orrico
consideró que en materia de delitos sexuales “está todo” definido y no cree que
haya que revisarlo.
Sobre la reforma del código, entendió que el procedimiento que se
proponía era “irregular desde el punto de vista constitucional”, y fundamentó
en este sentido mencionando la opinión contraria de varios de los profesionales
consultados.
Agregó que la legislación vigente es adecuada y que el problema
social pasa por la ausencia de “educación en valores” lo cual lleva a que este
tipo de conductas no sean condenadas. “También hay madres pegadoras”, señaló, y
que para comprobarlo basta con ir a la emergencia de los hospitales.
Sin embargo, González sostuvo
que Orrico, durante la sesión de un comité parlamentario de defensa de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, admitió haber participado en la
defensa de un hombre acusado por abusos.
En este sentido, la abogada
sostuvo que el diputado llegó a distribuir en el Parlamento la sentencia de un
Tribunal de Apelaciones que absolvió a esta persona tras haber sido procesada en
primera instancia por abusar sexualmente de su hija, quien había sido
representado legalmente por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia,
Gervasio Guillot (ya fallecido).
Según explicaron desde Iaci, en
ese caso quien estuvo a cargo de la pericia fue la grado 5 de la cátedra de
Psiquiatría Infantil, Laura Viola, que en 2008 también cuestionó el proyecto de
ley, y de acuerdo a lo dicho por González -y según consta en las actas de la
comisión de Diputados de 2008-, una de las preguntas que formuló Viola a la
niña fue si creía en Papá Noel y si lo había visto. La niña respondió que sí,
en el shopping.
Posteriormente, a partir de una
reinterpretación de las pericias, el padre fue absuelto, pero tiempo después
fue nuevamente procesado, esta vez por apuñalar a su mujer, cuando ella tenía a
otra de sus hijas en brazos. El hombre, que estuvo poco tiempo en prisión por
lesiones, actualmente posee la patria potestad de sus hijos, aunque se
encuentra negociando para cedérsela al segundo marido de su ex esposa,
recientemente fallecida.
Consultado por la diaria sobre
este tema, Orrico desmintió rotundamente haber patrocinado a esa persona, y
calificó como “infamia” el planteo de la abogada.
El legislador sostuvo que ni siquiera conoció al abogado defensor
y que se interiorizó del caso a partir de un planteo que le llegó al
Parlamento, añadiendo que sus principios éticos “no se lo hubieran permitido”.
Orrico dijo que únicamente tiene “algunos amigos en común” con el denunciado, y
recordó que los resultados de los informes psicológicos y psiquiátricos le
habían sido favorables.
Facundo Franco
Fuentes: La Diaria / COMCOSUR
MUJER
De: Semanario ALTERNATIVAS
Explotación sexual infantil en Uruguay
JUEVES, 08 DE DICIEMBRE DE 2011 23:18
¿Cliente o explotador sexual?,
¿intermediario o proxeneta?, ¿niña prostituta o niña explotada?, ¿prostitución
infantil o explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
(ESCNNA)? Todos estos términos se emplean para referirse al mismo delito: la
utilización de personas menores de 18 años para actividades sexuales
remuneradas a través del pago o promesa de pago económico o de otra índole para
el niño, niña o adolescente víctima o para un tercero. Esto comprende a la
pornografía, al turismo sexual, espectáculos sexuales, relaciones sexuales
remuneradas, a la trata y al tráfico.
La elección de una u otro palabra es clave, lo presenta como un delito
o como un negocio. Efectivamente, es un negocio para los delincuentes. Según la
ONU, la trata de personas es uno de los tres negocios ilícitos más lucrativos
del mundo, junto al tráfico de armas y de drogas. Genera unos 32.000 millones
de dólares anuales y el 80% tiene fines de explotación sexual y las víctimas
son en el 80% mujeres y niñas.
Tus palabras hacen la diferencia. Con ellas, contribuyes a construir la
opinión pública. Semánticamente, ¿eliges naturalizar un negocio o denunciar un
delito?
Denuncias ESCNNA Uruguay
● 2007 a 2009: 20 denuncias
● 2010: 20 denuncias
● 2011: 40 denuncias
Más del 90% de los
explotadores son hombres y puede ser
cualquier “buen padre de familia” que lleve una vida “normal”, según Purtscher.
¿CLIENTE o EXPLOTADOR?
A diario, somos clientes de la
carnicería y compramos el asado o del videoclub y alquilamos películas.
¿Podemos denominar también ‘cliente’ a la persona que ‘alquila’ el cuerpo de
una niña, niño o adolescente para su satisfacción sexual?
La Real Academia Española (RAE),
define al cliente como la “persona que utiliza con asiduidad los servicios de
un profesional o empresa”. Este término, empleado para abordar el tema de la
explotación sexual comercial, connota y naturaliza que la niña, niño o
adolescente sea percibido como un objeto de comercialización, una mercancía
más, como el asado que compramos, según explicó Luis Purtscher, Presidente del
Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No
Comercial de la Niñez y Adolescencia de Uruguay (CONAPESE).
En su definición y utilización
común, el sustantivo ‘cliente’ se asocia a una acción lícita. Comprar carne es
legal pero tener relaciones con una niña no lo es. Por esto, hablar de un cliente en la ESCNNA es vincularlo a la
legalidad cuando es un delincuente, según la legislación uruguaya e
internacional vigente:
“El que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica
o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para
que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.” (art. 4, Ley 17.815
del 2004 de Violencia sexual comercial y no comercial cometida contra niños,
adolescentes o incapaces).
El delincuente será juzgado por los Juzgados del Crimen Organizado y
castigado con penas de dos a doce años de penitenciaría.
La Profesora Adjunta de Derecho Penal de la Facultad de Derecho
(Udelar), Dra. Verónica Acuña, subraya que este delito implica un “intercambio
o promesa de intercambio”. Pero es un intercambio desigual basado en la
dominación del adulto sobre una niña, niño o adolescente en situación de
vulnerabilidad. Un abuso de poder económico, social, generacional, entre otros.
Se penaliza el ofrecimiento de “una ventaja económica o de otra
naturaleza”, como recargar el celular o que el profesor prometa aprobar el
examen a una alumna de 17 años a cambio de relaciones sexuales.
Respecto al término ‘cliente’, el sociólogo Purtscher sugiere los
términos alternativos: ‘explotador’, ‘delincuente’ o ‘violador de los derechos
humanos’.
Más del 90% de los explotadores en Uruguay son hombres y pueden ser tu
vecino; cualquier jugador de fútbol; el jubilado Manuel; el pastor de la
iglesia; el magistrado; el trabajador zafral; el camionero; o cualquier “buen
padre de familia” que lleve una vida “normal”, aclaró Purtscher.
El diagnóstico realizado en el
marco del Proyecto Frontera sobre trata y tráfico de niñas, niños y
adolescentes con fines sexuales en Mercosur, identificó durante las entrevistas
que “aparecen más vecinos de los que se creía y vecinos importantes.” indicó el
coordinador técnico del Proyecto en Uruguay, el funcionario del INAU Sergio
Pereira.
En tres años (2007 a 2009) hubo
20 denuncias de ESCNNA. En todo el 2010, fueron 20 y este año, y hasta ahora,
son 40 las denuncias. Según Pereira, en éstas, aparece la víctima y el
proxeneta pero no el explotador-retribuidor. Esto se debe a las dificultades
para probar que ha cometido un delito y al miedo o desinterés de denunciar al
“vecino de toda la vida”. Esto plantea un problema porque la ESCNNA existe
porque existe un hombre explotador pero no es identificado.
¿INTERMEDIARIO o PROXENETA?
Si te hablan de un intermediario,
¿a qué imagen lo asocias? y ¿si te mencionan a un proxeneta? ¿Visualizas
imágenes similares para ambas palabras?
Semánticamente, son muy
diferentes. Según la RAE, un intermediario es “un proveedor, que media entre
dos o más personas, y especialmente entre el productor y el consumidor de
géneros o mercancías.” Por otro lado, la legislación uruguaya se refiere al
proxeneta como un delincuente que contribuye de cualquier forma a la
explotación sexual comercial (art. 1 y 2 Ley 8.080 y art. 5 Ley 17.815).
‘Intermediario’, utilizado para
tratar esta problemática, identifica a la niña, niño o adolescente víctima como
mercancía y a los explotadores como ‘proveedor’ y ‘consumidor’. Sin embargo, la
palabra ‘proxeneta’ connota la responsabilidad penal de los delincuentes.
Cristina Prego, trabajadora social del Programa El Faro sobre violencia
doméstica y sexual de la ONG Foro Juvenil, y los diagnósticos del Proyecto
Frontera, coinciden en que el proxeneta en Uruguay es normalmente una persona
del entorno de la víctima. Personas vinculadas afectivamente, como el novio,
amigas del barrio y vecinos.
“A veces es una maldita herencia familiar, donde la madre, abuela y tía
fueron explotadas de niñas y ahora son prostitutas. Tienen dificultad para
salir de ese círculo.” explicó Prego. Naturalizan que su hija sea explotada y
no lo perciben como una violación de los derechos castigada con un mínimo de 4
años de penitenciaría porque ellas mismas fueron víctimas (art. 2 Ley 8.080
art. 2).
¿MENOR o NIÑA?
Abres el diario y lees “Desmantelan red de prostitución de menores”.
Pasas la página y ves “Adolescentes de la sub-17 ganan campeonato”.
Para Pereira, la sociedad divide a la niñez y adolescencia en
categorías y lo manifiesta mediante el lenguaje. “Los ‘niños y adolescentes’
estarían dentro del sistema, respetan las normas, van a la escuela y tienen
familia, y los ‘menores’ estarían vinculados al delito, la pobreza y no tienen
contención.”
Sin embargo, la legislación
nacional e internacional los denomina a todos por igual como ‘niños, niñas y
adolescentes’ y establece que todos tienen los mismos derechos.
Indistintamente, los legisladores también emplean el término ‘personas menores
de edad’ para la población entre 0 y 18 años.
La palabra ‘menor’ ya no es
empleada en la redacción de leyes, como lo era antes, por ejemplo en el Código
Penal de 1934. Esto se debe a que, a partir de la aprobación del Código de la
Niñez y Adolescencia de Uruguay en 2004, se considera que los niños, niñas y
adolescentes son sujetos de derechos y no objetos, en consonancia con la
legislación internacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Dejaron así de ser ‘menos que’ los adultos en materia de derechos.
¿PROSTITUCIÓN INFANTIL o
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL?
La prostitución es legal en
Uruguay a partir de los 18 años (Ley 17.515) y sólo existe prostitución de
adultos. Si hablamos de prostitución ‘infantil’ o ‘de adolescentes’ eso es
explotación sexual comercial, una actividad vinculada a una serie de delitos
contra una víctima de “entre 0 y 18 años
de edad, incluso si tiene 17 años, 364 días, 23 horas y 59 minutos” explicó
Acuña.
En la realidad actual, coexisten
en los mismos lugares la prostitución y la explotación de niñas, niños y
adolescentes, según afirmó Prego. Pero con el uso del término ‘prostitución
infantil’, se legitimaría con el lenguaje esta situación delictiva.
Durante los Congresos mundiales realizados sobre esta problemática
(1996-Estocolmo, 2001-Yokohama, 2008-Brasil), se acordó hablar de ‘explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes’. Existe un consenso
lingüístico internacional al respecto entre más de 120 países, agencias de la
ONU, académicos y ONGs, sobre lo que se considera una nueva forma de
esclavitud.
Es relevante para Prego no asociar el término ‘explotación sexual
comercial’ con el de ‘pedofilia’. La pedofilia es una enfermedad mental y los
pedófilos son personas que no pueden relacionarse sexualmente con adultos. “La
mayoría que explotan a niñas, niños y adolescentes no tienen perfil de pedófilo”.
Por ejemplo, se han detectado casos, según Prego, de niñas de 8 años que son
explotadas sexualmente dentro de los cuarteles militares en varias partes de
Uruguay.
¿NIÑA PROSTITUTA o NIÑA
EXPLOTADA?
El término ‘niña prostituta’ categoriza y estigmatiza a la niña o
adolescente. El adjetivo ‘prostituta’ connota voluntad, ella es quien se
expone, seduce y lo busca. No obstante, es una víctima sometida a las
relaciones de poder con los explotadores y no una cómplice del delito.
Además, Acuña subraya que la ley no contempla si existe o no
consentimiento por parte de la persona menor de edad. Es irrelevante el
consentimiento, siempre es una víctima a la que le violan sus derechos. Por
ello, la palabra ‘prostituta’ es legal y semánticamente inadecuada para referirse
a niñas, niños y adolescentes. Los términos propuestos internacionalmente son
‘niña explotada’ o ’niña víctima’.
Asimismo, la palabra ‘jovencitas’ es imprecisa para aludir a estas
víctimas. Acorde a Pereira, a una jovencita se la vincula socialmente con
alguien de mayor edad y madurez para elegir, que ya dejó de ser niña y
adolescente.
Respecto a la expresión ‘la niña se prostituye’, Purtscher plantea que
“tendríamos que preguntarnos quién es ‘SE’. Hay un explotador que paga por
cometer el delito y, por lo general, un proxeneta. Depositamos así la responsabilidad en la
estrategia de sobrevivencia de la víctima”.
Según Prego, se ha detectado que en Uruguay hay un gran número de
hombres que buscan tener relaciones sexuales con vírgenes. “Cada vez las niñas
son explotadas más pequeñas, inclusive, desde los 8 años”. Además, otra
práctica vigente en el país son los ‘ritos de iniciación al sexo’. Muchas
veces, hombres pagan por ‘debutar’ con niñas víctimas de explotación sexual
comercial. Víctimas de pobreza, violencia intrafamiliar y de otras situaciones
violatorias de sus derechos.
¿Y LA PRENSA URUGUAYA?
Entre enero y octubre 2011, la
prensa nacional publicó un total de 7048 noticias vinculadas a la niñez y
adolescencia, según el monitoreo realizado por Voz y Vos de 5 diarios y 2
semanarios (La República, El País, La diaria, Últimas Noticias, El Observador,
Brecha y Búsqueda).
El 0,7% (49 notas) del total de
estas noticias, abordaron la ESCNNA (36 en la sección nacional y 13 en la
internacional). Esto ubica a la ESCNNA entre las temáticas sobre niños, niñas y
adolescentes menos tratadas por la
prensa uruguaya, equiparable al tema niñez y medioambiente o discapacidad.
Respecto al uso del lenguaje, el
término ‘explotación sexual comercial’ aparece en el 44% del total de notas
nacionales al respecto y ‘proxeneta’ en el 11%. Sin embargo, en 25 de las 36
notas (70%), se utilizó algún término considerado inadecuado semántica y/o
legalmente. El más común fue ‘menor’, que aparece en más del 30% de las notas.
A continuación, los términos identificados en las notas nacionales del 2011:
* En las notas aparecen, además
de ‘niñas prostitutas’, los términos ‘prostitutas menores de edad’, ‘menores
que se prostituyen’ o ‘que ejercen la prostitución’
FUENTE: Redacción: Cristina Polo. Análisis estadístico de noticias:
Nadia Tantardini / Pedro Bandeira
Fuentes recomendadas:
● CONAPESE
Comité Nacional para la
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y
Adolescencia de Uruguay
Presidente Luis Purtscher
Celular: 099542230
E-mail: conapese@gmail.com
● Proyecto Frontera
Estrategia regional de lucha
contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de
explotación sexual en Mercosur
Coordinador en Uruguay por INAU Sergio Pereira
Celular: 099952713
E-mail: proyectofrontera@inau.gub.uy
Web:
http://ninosur.ledes.net/site/es_ES/
● SIPIAV
Sistema Nacional de Protección a
la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia
Coordinadora María Elena Mizrahi
Teléfono: 29157317 int. 601
E-mail:sipiav@gmail.com
Web:
http://www.inau.gub.uy/dependencias-principales/sipiav.html
Dirección: Piedras 482
● Foro Juvenil
Organización social, Programa El
Faro de atención integral a adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato
Directora Andrea Tuana/
Trabajadora social Cristina Prego
Celulares: 099237007/ 098322140
E-mails: andreatuana@gmail.com/
cristinaprego@gmail.com
Web:
http://forojuvenil.org.uy/category/el-faro/
● S.A.I-Servicios y Acciones por
la Infancia
Organización social, Programa Arco
Iris de atención integral a niñas y niños víctimas de abuso sexual y maltrato
Coordinador General S.A.I Gabriel
Rebollo/ Coordinadora Arco Iris Clyde Lacasa
Teléfonos: 29169610/ 094929194/
095314505
E-mail: proarco@adinet.com.uy,
Web: http://www.sai.org.uy/website/
Dirección: Bartolomé mitre 1323
● Juventud para Cristo
Organización social, Programa
Claves por la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes
Coordinadora Alicia Casas
Teléfonos: 26006479/ 099516021
E-mail: claves@claves.org.uy
Web:
www.juventudparacristo.org.uy
Dirección: Ombú 3338
● SOMOS
Organización social, Área de
prevención y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación
sexual comercial
Director Álvaro Capano
E-mail: somosong@gmail.com
Teléfonos: 094303959/ 08008110
Dirección: Miguel del Corro 1411
apto. 505
● ECPAT Internacional
Red internacional de
organizaciones e individuos frente a ESCNNA
Representante en Uruguay: ONG
Gurises Unidos
Director Gurises Unidos: Gonzalo
Salles
Teléfonos: 24003081 / 24096828
E-mail: gurises@gurisesunidos.org.uy
Web: www.gurisesunidos.org.uy
Dirección: Carlos Roxlo 1320
● Comité de los Derechos del Niño
de Uruguay
Coordinador Luis Pedernera
Teléfono: 29087803
E-mail: comitedn@adinet.com.uy
Web: www.comitedn.org
Dirección: Plaza Independencia
1376 - piso 8
● ANONG
Asociación Nacional de
Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
Secretario Marcelo Ventos
Teléfono: 29240812
E-mail: anong@anong.org.uy/
secretaria@anong.org.uy
Web: www.anong.org.uy
Dirección: Av. del Libertador
1985 esc. 202
● El Abrojo
Asociación Civil, Programa
Infancia, Adolescencia y Juventud
Coordinadora Paula Baleato
E-mail: pbaleato@elabrojo.org.uy
Teléfonos: 29030144 / 2900 9123/
099269310
Web: www.elabrojo.org.uy
Dirección: Soriano 1153
De: LATINHUB.COM.AU
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| De: El muertoquehabla.blogspot.com |
Después de haber leído minuciosamente los artículos precedentes, cualquier persona con sentido común y un mínimo de dignidad no puede más que concluir, con alto grado de vergüenza y repugnancia, que estamos inmersos en una sociedad enferma desde los tuétanos, o sea, degradada a partir de quienes deberían de ser sus mejores exponentes en virtud de haber gozado de las mejores oportunidades. Pero como ni en la política ni en la Justicia se ha mantenido una meritocracia sino que campea el amiguismo tradicional, es cuerdo preguntarse y expresarlo a viva voz -casi como un aullido- cómo es posible que en esas voluntades se asienten los designios de un país y los destinos de los más débiles, cómo es posible que se haya instalado una tolerancia de esa magnitud para los privilegiados y una tolerancia cero para los desheredados de siempre.
No es suficiente, Señores Gobernantes, con una campaña pasajera, cuando el sexo con un niño o niña o adolescente (a cambio de un refuerzo de mortadela)es moneda circulante hasta en los cuarteles.
¿O Ustedes no conocían que se trata de una práctica avalada desde antes del Uruguay Bárbaro? ¿Era tan difícil establecer las prioridades de un Pueblo?
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