Fragmentos de: "LA
CÁRCEL DEL PRESENTE, SU "SENTIDO" COMO PRÁCTICA DE SECUESTRO
INSTITUCIONAL"*
De: Alcira Victoria
Daroqui
La cárcel cuenta con al menos dos funciones indiscutidas: como integrante del archipiélago
institucional que ha gestionado y gestiona la exclusión gestada en el siglo
XVIII y como "la pena" por excelencia
dentro del arsenal punitivo del sistema penal moderno a partir del siglo XIX.
Esta última es la que ha sido y es fuertemente cuestionada por su falta de
"eficacia" para unos o por su violencia productora de sufrimiento
ilimitado para otros, pero es menos común que se cuestione su función como
institución que "garantiza" la segregación de representantes de
determinados sectores sociales y no de otros. Se cuestiona en general lo que sucede
en su interior, pero no por qué y para qué surgió y mucho menos, a pesar de su
"fracaso", su obstinada continuidad.
Como dice Pavarini(1995) "El modelo carcelario se concreta
como ‘pena’ en un momento cronológicamente sucesivo a su manifestación como lugar
de práctica de la exclusión".
La cárcel como pena justificará el encierro y a su vez ella
necesitará de otras justificaciones para poder perpetuarse.
La existencia de la cárcel suele naturalizarse y entonces considerar
que ha existido siempre, y no es así, entonces porqué la cárcel como tal surge
hace solo 200 años, porqué responde a un proyecto más amplio que la comprende,
porque se afirma que continúa hoy dando esa misma respuesta, cuáles son los
objetivos en este presente de mantener y expandir la cárcel, son los mismos del
siglo XVIII, XIX o del XX, quiénes y cuántos están hoy en las cárceles, quiénes
y cuántos estuvieron hace 200 años.
Diferentes autores han destacado el nacimiento de la prisión desde
ópticas distintas, pero nadie ha puesto en duda la relación directa entre ese
fenómeno y el surgimiento del capitalismo, el "sentido de la cárcel"
se hace evidente, por un lado el castigo-pena sobre aquellos que por medio del
delito producían un daño a la sociedad que debían reparar, por el otro, el castigo-encierro,
el secuestro de personas pertenecientes a sectores sociales que se constituían
en amenaza para el naciente orden social burgués y sobre los que había que
"operar" y "devolverlos" a un sistema de producción como
obreros dóciles. "El crimen por tanto es algo que daña a la sociedad, el
criminal es el que danmifica, perturba a la sociedad. El criminal es el enemigo
social"(Foucault, 1978)
"El crecimiento de una economía capitalista ha exigido la
modalidad especifica del poder disciplinario, cuyas fórmulas generales, los
procedimientos de sumisión de las fuerzas y de los cuerpos, ‘la anatomía
política’ en una palabra, pueden ser puestos en acción a través de los
regímenes políticos, de los aparatos o de las instituciones más diversas.
Instituciones como la escuela, la familia, el hospital, la fábrica integran
este universo en donde la disciplina y sus dispositivos cobran un particular
sentido, pero, " la prisión, pieza esencial en el arsenal punitivo es la
que marca un momento importante en la historia de la justicia penal: su acceso
a la "humanidad".(Foucault, 1984), o como expresa Pavarini(1995)
"La respuesta segregativa a las diversas formas de malestar social en el
estado del capitalismo competitivo responde adecuadamente a las necesidades disciplinarias
del tiempo"....... "las necesidades disciplinarias del tiempo son las
propias vinculadas a la fuerza –trabajo, es decir, la producción de trabajo
como mercadería. Esta necesidad obliga a pensar en la práctica institucional
como aquella en que, en los angostos espacios de la exclusión, sea posible
educar coercitivamente a aquel factor de la producción que es el trabajo a la
disciplina del capital"(Rusche y Kirchheimer, 1939).
La propuesta de una
respuesta segregativa nacía a partir de dos claros procesos que se gestaban con
el surgimiento del capitalismo: la pauperización y con ello, la cuestión
social.(Castel R. 1997). Esa respuesta cuando de castigo se trató, fue la
privación de la libertad como retribución al daño cometido por aquel que rompió
el pacto social, en otras palabras, para que la privación de la libertad se
convierta en el "castigo" generalizado, hubieron de producirse en la
sociedad una serie de importantes transformaciones. En primer lugar, el tiempo
cobró valor a partir de los cambios de los modos de producción, que igualó a
todos los no propietarios de medios de producción, en poseedores de un único
bien: la fuerza de trabajo. Esta fuerza de trabajo debía "venderse"
en el mercado a cambio de un salario. El valor del trabajo así como el valor de
las mercancías se fijarían en función del tiempo socialmente necesario para su
producción, un tiempo normalizado, que se ajustaría según los avances
tecnológicos de los medios de producción. Dado que el sustrato de este valor de
intercambio es el tiempo, la privación de tiempo, constituye la efectiva
privación de un bien con valor (de uso y de cambio). Es entonces cuando el
tiempo puede ser utilizado como moneda de pago en retribución al daño producido
en la comisión de un delito.
La retribución en
tiempo, se convertirá en otra versión de intercambio de equivalentes, ya no
trabajo por mercancía y salario, sino, privación de tiempo- valor por daño
producido (a más perjuicio mayor privación de tiempo). Esta perspectiva que
propone a la pena privativa libertad en el marco de sus funciones económicas y
sociales dentro del programa político del Estado Moderno se vio históricamente
desplazada, o al menos, opacada por la visión jurídico- penal, en donde la
retribución no es otra cosa que el monto de sufrimiento o castigo que se
infringe al ofensor debiendo adecuarse a la magnitud del agravio cometido. La
severidad del castigo debe corresponder a la gravedad de la ofensa. Debe
existir una proporcionalidad de la cual está excluida la tortura y la pena de
muerte. La "pena
justa" permite considerar a "la ley y al sistema penal como defensas
del ciudadano (sociedad civil) y límite negativo a las arbitrariedades del
poder punitivo del Estado" (García Méndez, 1998).
De pena justa se
pasará a la pena útil, se afirmará entonces, que si toda sanción es un daño y
es en si misma mala, entonces sólo podrá justificarse moralmente cuando se
toman en cuenta las consecuencias valiosas que su aplicación puede llegar a
producir.(Bentham J, 1985; Stuart Mill J,1997).
Así, el castigo
deberá perseguir la reforma del ofensor o al menos su desaliento o disuación de
cometer otras ofensas. El positivismo mediante sus representantes
-específicamente los del positivismo criminológico-, fundamentarán que habrá
que avanzar no sólo sobre el "cuerpo" sino el sobre "alma"
de los encerrados. Convencidos que quién "pasa al acto" a través del
delito es un enfermo, legitimarán la idea de tratamiento y cura para los
ofensores a la ley.
Se dará una vuelta
de tuerca al asunto del castigo, no sólo se "penará" con una condena
de años de encierro sino que se trabajará y se estudiará al delincuente desde
las diferentes disciplinas científicas, siendo la psiquiatría la fundamental.
Se "trabajará" sobre su personalidad, se le infundirá "otra
moral", se lo tratará de reeducar, de rehabilitar y de corregir. La
ciencia estará al servicio de la pena, o mejor dicho del castigo, surge el
correccionalismo o método correccional. (Pavarini, 1983).
Mientras la cárcel
en sus comienzos, sin duda, encerraba para retribuir, secuestraba a aquellos
que habían violado el contrato en una sociedad de "iguales" que la
revolución francesa y la ilustración pregonó, casi cincuenta años después tenía
la "oportunidad" de presentarse en sociedad con "un fin tan
útil" como el de aquellas otras instituciones representantes de la lógica
de secuestro- el manicomio, el asilo, el orfelinato, el hospicio- en los cuales
se encerraba para ¿ curar?, cuidar?, proteger?.
Esta "voluntad
pedagógica" propia del correccionalismo que transformó a las cárceles en
laboratorios, a los delincuentes en enfermos, que patologizó el delito, que
extendió su accionar mas allá de los muros, que se inscribió como
"estrategia terapéutica" para "gobernar la cuestión
social", que sumó "mal vivientes", "niños y ancianos
abandonados", y se extendió aun más y llegó hasta aquellos que
representaban una amenaza al orden social dominante, se constituyó en una
"violencia pedagógica" con un corpus científico sostenido básicamente
por el saber jurídico y el saber psiquiátrico El positivismo centrará su
andamiaje conceptual y práctico en el campo de la peligrosidad social y ello si
bien tendrá como referente "al delincuente", ese espacio social será
ocupado por tantos "otros diferentes" sobre los que habrá que
"operar" con un criterio de defensa social y de esta forma,
garantizar la continuidad de un orden que los "acepta" en cuanto
sujetos disciplinados y sometidos, sujetos-sujetados. Vigilancia, control y
corrección desde la cárcel hacia la sociedad. Así es, la sociedad
disciplinaria.
El correccionalismo
fue tan significativo que aún habiendo fracasado, sin lugar a dudas, dentro del
ámbito carcelario, sin haber cumplido ninguno de sus fines manifiestos, no
habiendo resocializado, ni reeducado, ni rehabilitado a "los
delincuentes", promoviendo la degradación y la violencia intramuros,
utilizando la paradoja de "enseñar" a vivir en libertad desde el
encierro, desde el ejercicio de estrategias pedagógicas a través de la
violencia real y simbólica dentro de una función terapéutica no demandada por
los sujetos secuestrados, aún así su mayor "virtud" fue la de
"invadir" el campo social hasta nuestros días legitimándose en su
dimensión de corrección del desviado y como cura del enfermo.
Sobre la cárcel el
discurso jurídico va perdiendo paulatinamente argumentos que sostengan el
sentido de la pena útil pero este proceso llevará años hasta que se reconozca
el fracaso de semejante proposición, años de ocultamiento de un fracaso
anunciado: la privación de la libertad no había nacido para "curar" o
"corregir", había nacido para encerrar el malestar social, para
castigar y producir sufrimiento y a través de ello, domesticar, someter a
aquellos que deberán reintegrarse al proceso productivo. Durante el período de
vigencia del Estado social, la idea resocializadora, aunque devaluada, seguía
siendo posible, había un espacio social y productivo en expansión en el cual,
supuestamente, se podía reintegrar al delincuente.
La cárcel en este
marco, se mostraba en su dimensión "ejemplificadora" con una función
básica de disuasión. En ella habitarán como siempre los pobres y dentro de
ellos los individuos "más peligrosos", se encerrarán "las
conductas verdaderamente indeseables", para ellos aparecerá la modalidad de
la "máxima seguridad", se construirán verdaderas fortalezas, muchas,
la gran mayoría estarán situadas en las grandes ciudades con el claro objetivo
de que sean vistas y por tanto temidas.
Este escenario
descripto, se desarrolla en un momento histórico con fuertes criterios inclusivos
desde lo social y hacia lo social, en donde las propuestas de
institucionalización segregativas no podían ser menos que cuestionadas (la
cárcel) cuando no deslegitimadas (el manicomio). Mientras en el campo del saber
y la institucionalización psiquiátrica el replanteo de paradigmas impactó en el
diseño de políticas públicas y avanzó sobre la des-institucionalización de la
locura, la cárcel soportó duras criticas, tanto como pena privativa de libertad
por excelencia como por ser "la" institución segregativa, pero nada
de ello significó su desaparición, su función ejemplificadora y disuasiva le
conservó su vigencia. Tampoco se abandonó cierta obsesión correccional y siguió
elaborando reglamentos internos, programas de trabajo y educación dentro de las
cárceles, por supuesto más como justificación en cuanto a la conservación de la
función otorgada que producto de una valoración positiva de la misma. Aún así,
la idea resocializadora fue posible en una sociedad de pleno empleo, de
satisfacción de necesidades básicas, en sociedades de bienestar (Bergalli,1997).
En este período el
"tratamiento" del resto de las conductas desviadas estará a cargo del
campo social, los servicios de asistencia, y las instituciones de control
social informal, la escuela, la familia etc, cobrarán protagonismo en el
discurso y en las prácticas sobre los sujetos problemáticos. "El nuevo
disciplinamiento se iba a obtener en la misma sociedad, el territorio era
propicio para continuar y ampliar los espacios del control" (Bergalli,1997)
Como siempre la
función social compleja del castigo(Foucault, 1984) otorgaba la inteligibilidad
necesaria para comprender la perpetuidad de una institución como la cárcel.
Será conveniente entonces, como sostiene Garland(1999), "concebir al
castigo como un auténtico 'artefacto cultural y social', ello permite
examinarlo de modo sociológico sin descartar sus propósitos y efectos
penitenciaristas". Desde estos enfoques, la cárcel debe ser entendida como
una construcción social, como producto de estrategias que desde lo político y
desde lo social han concebido al castigo legal como una forma de control de
"unos" pocos sobre "otros" muchos. Sus diferentes
expresiones en su desarrollo histórico responden, sin duda, a las formas de
articulación entre lo político, lo social, lo económico y lo cultural.
El castigo-pena
legitima y encubre la función real y simbólica del castigo encierro.
Es así como en la
década de los ’80 se gesta un escenario en donde "el bienestar expandido a
todos los países centrales se agota. Las políticas sociales cedieron a favor de
los ajustes presupuestarios. Los espacios públicos y con ellos los servicios se
convierten hacia la privatización, la dualización social avanza a favor de la
concentración de la riqueza y la expansión de la miseria. Homelesses,
toxicodependencias y desempleo son los nuevos rasgos de las políticas
neoliberales y los orígenes de la nueva marginalidad. Ha recomenzado la era de
la nueva Gran Segregación."(Bergalli, 1997).
La reducción del
Estado afectando las áreas de desarrollo social promotoras de derechos
ciudadanos, la pérdida de la condición salarial(Castel R., 1997) y el mercado
como espacio privilegiado para regular las relaciones sociales, completan un
panorama en donde la exclusión de amplios sectores se direcciona hacia un
camino sin retorno.
La sociedad
capitalista actual no se sostiene a través de los pilares fundamentales de la
sociedad industrial. No son los ejes de sociabilidad, ni el trabajo, ni el
salario, ni las protecciones sociales, ni la defensa y extensión de los
derechos sociales y económicos las pautas de una gobernabilidad que pretende
"comprender" a las mayorías populares.
El problema ya no
es como gestionar la pobreza sino como convivir con la exclusión, en otras
palabras, parece poco posible vislumbrar un horizonte en el cual se diseñen
políticas de integración social, más bien se observan estrategias de
gobernabilidad para contener y segregar a aquellos que sobran. (Castel, R.
1997)
En este sentido ha
cobrado especial importancia dentro de la nueva cuestión social, el problema de
la seguridad-inseguridad y con ello el gerenciamiento de lo delictual, pasando
del concepto de peligrosidad al de riesgo, gestionar el riesgo es avanzar sobre
poblaciones enteras que por su condición de excluidos se transforman en los
"propietarios de la violencia, la incivilidad y el delito".
Esa suerte de
pasaje de Estado Social al Estado Penal (Wacquant,2000), encuentra su
legitimación cuando robustece al sistema penal a través de una demanda de
castigo ilimitado al punto tal que habilita los ejercicios ilegales en los
actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad, la ausencia o
insuficiencia de garantías procesales por parte de los jueces y por supuesto la
existencia y la reproducción a escala diez de la institución cárcel, como sea,
pero cárceles, y muchas. Esta "demanda" que se traduce en la
solicitud por parte de las víctimas o de las potenciales víctimas y de sus
soportes mediáticos, de una "intervención drástica y violenta" por parte
del Estado para dar "solución" al problema del delito, es la que
brinda los argumentos "más sólidos" para diseñar o mejor aún, apenas
bosquejar políticas de seguridad.
El problema es
preguntarse cómo es posible la supervivencia de la democracia en procesos de
creciente desigualdad en donde la supremacía del mercado no habilita ni hace
posible el diseño políticas públicas de desarrollo social (políticas sociales)
que garanticen la recuperación de derechos universales y en este marco entonces
que papel "juega" el diseño las políticas y programas de seguridad.
Mas aún, un Estado que ha renunciado a lo social, que su retiro se ha dado
especialmente en el campo de la promoción de derechos aumentando por lo tanto
el campo de las necesidades, en los últimos diez años ha asumido un
protagonismo "sospechoso" en el campo de la seguridad. Ello se
reafirma a la hora de los ejes y temas que se instalan en la agenda política
cuando esta considera los tipos de demandas que parten de los diferentes
sectores que componen "cierta ciudadanía."
El reclamo, el
cuestionamiento y la "protesta", exige al Estado y sus instituciones
eficiencia y soluciones ya no al problema del desempleo, al de la educación
pública, al de la salud pública y/o al de acceso a la vivienda, sino a la
problemática de la seguridad.
En este marco
pareciera que no le queda otro espacio a ese Estado más que diseñar o al menos
implementar con cierta inmediatez sin planificaciones sostenidas, respuestas de
control social duro. Promoverá el aumento de las penas, tipificará nuevos
delitos, ampliará facultades a las fuerzas de seguridad y por consiguiente
deberá construir más cárceles.
Pero qué sentido,
cual será la función de la expansión de lo carcelario. La incapacitación y
neutralización de los secuestrados, la invisibilización de los mismos.
El propio discurso
jurídico penal ha abandonado cualquier justificación moral a la cuestión de la
pena, la retribución no se ha podido sostener como pena justa al momento que se
reconoció que ese contrato violado nunca había sido firmado entre iguales, al
transformar esa pena justa en pena útil, el fracaso resocializador, reeeducador
y rehabilitador significó no sólo el fracaso en sus fines manifiestos sino que
"desnudó" el verdadero sentido de una institución nacida para producir
dolor y sufrimiento, y nada más y claro, nada menos.
Hace varios años la
tecnología penitenciaria abandonó la cuestión "tratamental", aunque
la ha sostenido y sostiene en los discursos y en algunas prácticas, ya no
pretende ni reformar, ni resocializar, ya no habrá un "lugar social"
donde imaginar la reintegración, ellos, los presos y presas, provienen de
sectores que padecen, previamente, la exclusión social, económica, política y
espacial. De esta forma solo se administrará un sistema de premios y castigos (el
sistema punitivo- premial), en un régimen de progresividad de la pena que
garantizará, por un lado "laberintos de obediencia fingida" Rivera
Beiras,(1997), por parte de los presos y presas para lograr "beneficios
penitenciarios(salidas, permisos, visitas) y por el otro, al menos eso es lo
que pretende, el "buen gobierno de la cárcel".
No habrá entonces
otro objetivo que aquel que diera a su primer función clara e inobjetable, la
de secuestrar ya no a aquellos que representaban "la dinamita social"
(Cohen, S. 1988) de los siglos XVIII, XIX, y parte del XX, sino a aquellos que
representan la "basura social"
(Cohen, S.1988), los "inútiles para el mundo", (Castel, R. 1997), de
las últimas décadas del siglo pasado y el comienzo del XXI. Con ellos no
habrá que hacer "nada", la nueva estrategia será incapacitarlos y
neutralizarlos en instituciones que cambiarán también y justamente para ellos
su disposición espacial-territorial y espacial-intrainstitucional.
Foucault afirma en
la Quinta Conferencia de su libro "La verdad y las formas jurídicas",
"en consecuencia es lícito oponer la reclusión del siglo XVIII que excluye
a los individuos del círculo social a la que aparece en el siglo XIX que tiene
por función ligar a los individuos a los aparatos de producción a partir de la
formación y la corrección de los productores: trátase entonces de una inclusión
por exclusión. He aquí por qué opondré la reclusión al secuestro; la reclusión
del siglo XVIII dirigida esencialmente a excluir a los marginales o reforzar la
marginalidad y el secuestro del siglo XIX cuya finalidad es la inclusión y la
normalización". Mas allá del planteo de algunas diferencias en particular
aquella que destaco en este trabajo, es decir unificar el criterio de
secuestro, en el siglo XVIII se secuestra para recluir en el siglo XIX se
secuestra para disciplinar y normalizar, pero ambos son secuestros. Es
importante destacar la afirmación del autor en cuanto a lo que sucedía en el
siglo XVIII, el secuestro institucional como reclusión para realizar, confirmar
y materializar la exclusión. Esta afirmación deberá ser analizada de acuerdo a
los acontecimientos del naciente siglo XXI en cuanto a los interrogantes en
términos de gobernabilidad de la exclusión en términos de dasafiliación de
amplios sectores sociales.
Estamos en un
presente donde ya no queda espacio para eufemismos, a la pena habrá que
restituirle su condición de castigo, a la cárcel, al manicomio, al asilo, al
instituto y el reformatorio, hoy más que nunca habrá que reconocerlas como
instituciones de secuestro de ese residuo social que ya no se gestiona en
"otros lugares sociales". Habrá que asumir, como dice
Levi-Strauss(1955 citado por J Young,1992) "que las sociedades modernas
son antropoémicas; proceden vomitando a los desviados, manteniéndolos fuera de
la sociedad o encerrándolos en instituciones especiales dentro de sus
perímetros.
A la nueva
"gran segregación", habrá que conocerla, estudiarla, develarla,
cuantificarla y cualificarla y en este sentido no permitir que se le cambie el
nombre y el sentido.
Esto es bastante,
al menos para encontrar los caminos necesarios para combatirla.
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